IU registra una iniciativa en el Congreso para acabar con la “alimentación forzada a los animales en la producción de foie gras” como ya recogen 22 países de la Unión Europea

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa a través de sus diputados Nahuel González y Toni Valero, cuyo texto firma también el portavoz parlamentario de esta formación, Enrique Santiago, para que el Congreso inste a los departamentos competentes del Gobierno a “elaborar un proyecto normativo que evalúe la compatibilidad de la alimentación forzada con la evidencia científica, el marco legal existente y la sensibilidad ciudadana respecto a la protección de los animales criados para la alimentación” en relación a la producción de foie gras.

IU busca así que se inicie una “consulta pública” sobre esta cuestión a la vista de que en España “cada año aproximadamente un millón de patos y ocas son sometidos a la alimentación forzada, una técnica invasiva que consiste en sobrealimentar artificialmente a los animales mediante la inserción de tubos metálicos de hasta 30 centímetros en sus esófagos. Durante dos semanas, son forzados a ingerir hasta 2 kilos de pasta de maíz al día, el equivalente a 12 kilos para un ser humano”.

Esta práctica para producir foie gras (‘hígado graso’ en francés) “provoca un crecimiento anormal del hígado que multiplica por 10 su tamaño debido al exceso de grasa”. De ahí que Izquierda Unida recuerde también en el texto de la proposición no de ley registrada que esta “práctica perjudicial para la salud y el bienestar de los animales ya se ha prohibido en 22 Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como en dos (Flandes y la Región de Bruselas-Capital) de las tres regiones de Bélgica (solo Valonia la permite)”.

La parte propositiva de la iniciativa señala directamente que la nueva norma que se propone elaborar “establezca la prohibición de la alimentación forzada en la producción de foie gras, con el fin de eliminar el sufrimiento animal como mandato imperativo de la ley, y fomente la transición hacia métodos alternativos y sistemas de alimentación natural en dicha producción”.

«Esta transición -añade- contará con el apoyo y ayudas por parte del Gobierno a dichas explotaciones. La prohibición de la alimentación forzada no implicará el fin de la producción, ni la desaparición de las explotaciones actuales, siempre que se adopten métodos que respeten el bienestar animal».

El texto de Nahuel González, Toni Valero y Enrique Santiago recuerda que «no todos los productores de foie gras alimentan a sus animales a la fuerza. Algunos optan por aprovechar el comportamiento alimentario natural de las aves antes de la temporada migratoria para producir hígados más grandes. En la producción de foie gras sin alimentación forzada, los hígados de las aves no alcanzan un peso en el que se producen efectos patológicos extremos y los daños asociados».

La legislación europea en vigor acarrea, sin embargo, algunos obstáculos para avanzar en este tema, entre ellos que el foie gras sea “el único producto cárnico que no ofrece a los consumidores el derecho de elegir alternativas más respetuosas por razón del bienestar animal, favoreciendo el cambio a través de sus compras”.

Legislación europea

De ahí que la proposición no de ley que impulsa IU reclama también que las autoridades competentes españolas “trasladen e impulsan en los órganos pertinentes de la Unión Europea la necesidad de eliminar los pesos mínimos establecidos en la producción de foie gras, con el fin de garantizar una mayor flexibilidad en las normativas de comercialización que regulan este sector”.

Mientras, se da la circunstancia de que, desde 1998, el Comité Científico de Sanidad y Bienestar Animal de la Comisión Europea sí señala que ‘ la alimentación forzada, tal como se practica actualmente, es perjudicial para el bienestar de las aves ‘.

Además, la Directiva 98/58/CE, del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (anexo 14), es taxativa cuando establece que ‘ No se suministrarán a ningún animal alimentos ni líquidos de manera que les ocasionen sufrimientos o daños innecesarios ‘. A nivel estatal, el Real Decreto 348/2000 que traspone dicha directiva al ordenamiento español establece la obligación de adoptar las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de los animales con vistas a garantizar que éstos no padezcan dolores, sufrimientos ni daños inútiles.

Con esta proposición de ley Izquierda Unida suma su trabajo a las iniciativas impulsadas por “múltiples organizaciones dedicadas al bienestar animal, como Igualdad Animal, que recientemente presentó 100.000 firmas al Congreso de los Diputados para prohibir la citada alimentación forzada, por representar graves riesgos para la salud y el bienestar de los patos y ocas”.