Las malas prácticas empresariales están detrás de la mayoría de los 3.600 conflictos ambientales en 2021

22/04/2022 – Más de 3.600 conflictos ambientales, relacionados con el acaparamiento de tierras y ríos, la contaminación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad están teniendo lugar hoy, 22 de abril de 2022, en la Tierra. La mayoría de ellos están relacionados con la actividad de empresas que vulneran los derechos humanos y ambientales de las poblaciones afectadas, tal como refleja el Atlas de Justicia Ambiental.

La falta de una regulación, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la responsabilidad empresarial en casi todo el mundo facilita la criminalización y acoso, incluso agresiones y asesinatos, a las personas defensoras de sus territorios. Muchas de ellas pertenecen a pueblos indígenas y se ven desprotegidas por gobiernos que actúan en connivencia con sectores económicos, a medida que aumenta la presión sobre los recursos naturales en un contexto de cambio climático global.

Solo en 2021, hubo 358 asesinatos documentados, de los que el 60% (258) fueron personas defensoras del medioambiente o de los derechos indígenas. El número de estas muertes aún podría ser mayor debido a las dificultades para acceder a la información en algunos países. El año anterior fueron 333, lo que indica que su número va en aumento.

Los países con más personas asesinadas por defender la naturaleza y sus territorios son de América Latina, con Brasil, Colombia y México a la cabeza. Si bien, en relación a su población, destacan los elevados índices en Centroamérica (Honduras, Nicaragua o Guatemala). A ello se suman los casi 2.000 casos de violaciones de derechos, en forma de arrestos, criminalizaciones, agresiones, ciberataques y amenazas que se han registrado en todo el mundo.

Tras estos datos, se encuentran casos como el de la hondureña Berta Cáceres, asesinada hace cinco años por oponerse a una hidroeléctrica, o el del guatemalteco Bernardo Caal Xoc, que fue condenado a más de siete años de cárcel cuando lideraba la defensa del río Cahabón en su país, un rio acaparado por la construcción de varios megaproyectos hidroeléctricos, uno de ellos construido en su mayor parte  por la empresa española Cobra (ACS).

En España, la Plataforma Por Empresas Responsables (PER) -de la que forman parte una quincena de organizaciones y que cuenta con numerosas adhesiones del ámbito social, académico y empresarial- reclama al Gobierno que España cuente lo antes posible con una Ley de Debida Diligencia de las Empresas españolas respecto a los derechos humanos y ambientales. En cumplimiento de una futura ley, las empresas tendrían que estar obligadas a respetarlos y a implantar planes de debida diligencia que contribuyan a prevenir, mitigar y/o remediar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales que genere su actividad, tanto en España como fuera.

Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, destaca la importancia que tendrá la ley en la vida de quienes ahora se enfrentan a empresas españolas en sus territorios sin ningún apoyo: “En primer lugar, esta ley ayudará a evitar que este tipo de vulneraciones se produzcan y, en segundo, si tienen lugar, se garantizará el acceso a la justicia y a una reparación para quienes resulten afectados, algo que ahora tienen prácticamente imposible. En estos momentos, toda la carga de la prueba está en líderes, hombres y mujeres, que no tienen recursos para hacer frente a las corporaciones cuando están en primera línea de defensa de los bienes naturales de este planeta”.