«Seguimos en Carabanchel manifestándonos en defensa de la Atención Primaria y de la Sanidad Pública»

Es innegable: el domingo 19 de mayo éramos miles las personas que participamos en las cuatro columnas que desde los cuatro puntos cardinales marchamos por Madrid para confluir en la plaza de Cibeles, plaza que abarrotamos al grito de ‘Sanidad Pública’. Pero este clamor en defensa del derecho a la salud no debe decaer y por eso hay que denunciando el desmantelamiento de la base del sistema sanitario público: la Atención Primaria y los centros de salud.

Y cuando hablamos de desmantelamiento de la sanidad pública madrileña, no es una exageración. Sirva de ejemplo de estos recortes la situación especialmente sangrante del centro de salud Abrantes, que tiene ahora la mitad de médicas/os de familia que antes de la Pandemia -tiene nueve médicos y médicas de familia cuando debería tener 17 y dos pediatras cuando debería tener cuatro- cuya situación límite ha llevado que desde hace ya casi cuatro años, cientos de vecinos y vecinas nos manifestamos cada jueves contra el abandono de nuestro centro de salud.

La política privatizadora del Partido Popular está destruyendo la Sanidad Pública. ¡Acabamos de superar ha superado el millón de pacientes en lista de espera! Esta insoportable situación es consecuencia de las irresponsables políticas del Gobierno de la Comunidad, que se resumen en una mezcla de privatización y racanería en la inversión en recursos humanos y materiales. Madrid es la Comunidad que menos dinero destina por habitante a la Sanidad Pública, un 30% menos que la media de las comunidades autónomas.

La otra cara de la moneda son las empresas y aseguradoras de la salud privada. Por ejemplo, la empresa Quirón ha crecido en sus ingresos hasta los 4.770 millones de euros en 2023, un 8% más que en el ejercicio anterior. El entramado de la colaboración “público-privada” ha llevado a su vez a la insoportable corrupción. No es por casualidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya disparado un 1.900% el montante de los pagos realizados a la Empresa Quirón, pasando de 20 millones de euros en 2020 a 393 en diciembre de 2022. Tampoco es casualidad que en julio de ese mismo año fuese fulminada la Interventora General, la profesional pública encargada de fiscalizar estos pagos.

¡Basta ya de destruir nuestra Sanidad Pública! Decimos alto y claro que defender la Sanidad Pública es defender nuestra Salud, la de nuestras hijas e hijos y la de nuestros mayores.

Sanidad 100% Pública, de Calidad y Universal.