Presión inaceptable sobre activistas contra la minería de uranio de Salamanca

Berkeley es una empresa australiana que ha conseguido todos los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Junta de Castilla y León para abrir la que sería la única mina de uranio a cielo abierto de la Unión Europea. El yacimiento se encuentra ubicado en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca). Se trata de un yacimiento de uranio que fue explotado por la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) hasta el año 2001, cuando se abandonó por su falta de rentabilidad. El precio del uranio es tan bajo que resulta más caro explotar la mina que importarlo. El precio del uranio que haría rentable la explotación es de unos 100$/libra, según fuentes de ENUSA, aunque esta cifra no es oficial. Berkeley está realizando una maniobra especulativa puesto que, por un lado, consiguió que sus acciones se triplicaran cuando compró los derechos de explotación. Por otro lado, puede esperar a abrir la explotación cuando el uranio suba de precio, cosa que de momento no ocurre debido a la bajada de la demanda tras el accidente de Fukushima. Las autoridades españolas se han prestado a colaborar con esta maniobra.

La empresa australiana Berkeley compró a ENUSA los derechos de explotación. Obtuvo los permisos preceptivos del CSN y una declaración de impacto ambiental positiva. Esta última resulta más que discutible por la defectuosa evaluación de los riesgos ambientales. Las minas de uranio a cielo abierto son muy impactantes puesto que liberan polvo radiactivo en grandes cantidades, que sufren las personas trabajadoras y las poblaciones cercanas, además de los ríos y ecosistemas de la zona. De ahí que la Plataforma Stop Uranio, a la que pertenece Ecologistas en Acción, se haya opuesto democráticamente a la posible apertura de esta mina.

Ante esta oposición, Berkeley reacciona con una presión inaceptable y ha forzado un acto de conciliación hoy 22 de junio en el Juzgado de Ciudad Rodrigo. La empresa les pide nada menos que 500.000 euros para no interponer una querella por injurias y calumnias. Según la empresa, a esta cantidad se elevarían las pérdidas generas por las manifestaciones en contra de la mina y las campañas realizadas por Stop Uranio. Se trata de una presión inaceptable que el juez no debería permitir, pues va contra uno de los derechos fundamentales de las personas: la libertad de expresión.

Si la explotación fuera rentable no se explica cómo la empresa ha pedido esa cantidad de dinero. Otro problema es que, en efecto, estamos ante una maniobra especulativa y las manifestaciones de Stop Uranio pueden afectar a la imagen de Berkeley. Lo más sensato sería olvidarse de la posible reapertura de estos yacimientos.