Greenpeace exige a Industria el fin del “espectáculo” de Garoña y que proceda ya a su desmantelamiento

Greenpeace ha presentado hoy las alegaciones al proceso de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, dentro del plazo legal de 10 días que el Ministerio de Energía ha dado a las 11 partes personadas en el proceso (1) y pide al Ministerio de Energía que finalice ya con el “espectáculo” sobre el futuro de Garoña, ya que parece que nadie, salvo el propio Ministerio, tiene interés en mantener la planta en funcionamiento.  

«El ministro de energía, Álvaro Nadal, deberá tener en cuenta además de a las partes personadas, la opinión mayoritaria del Congreso de los Diputados y el comportamiento de los dueños de Garoña a fin de determinar su idoneidad para la explotación de la central nuclear, ya que Iberdrola no quiere la reapertura y Enel-Endesa solo quiere sacar tajada y que le compensen por el cierre«, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. 

Garoña cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), pidió el cese de actividad en diciembre de 2012. Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estaban detrás de su final de operación. Posteriormente, en mayo de 2013, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar, pero Industria no pudo hacer valer esta decisión y tuvo que declarar su cierre definitivo de explotación, en vigor a día de hoy. En 2014 se aprobó un real decreto que permitía a Garoña obtener una nueva autorización, y Nuclenor pidió la ampliación hasta 2031. En febrero de este año, el CSN emitió un informe favorable condicionado para su reapertura.

La organización ecologista denuncia en sus alegaciones:

• Las decisiones totalmente contradictorias tanto por parte del Gobierno como de la empresa titular de la central, así como los cambios regulatorios han sido radicales y de gran envergadura. Como consecuencia, Nuclenor ha podido llegar a tramitar una prórroga de la autorización de explotación al mismo tiempo que gestionaba otro procedimiento encaminado al cierre de la instalación.

• Las deficiencias derivadas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad como requisito previo, así como la falta de un pronunciamiento sobre el plazo máximo de vigencia, y la falta de motivación de este informe del CSN, esto es, que no se había aprobado la actualización de la guía de seguridad en la que se fundamenta el dictamen del CSN

• Las alteraciones del procedimiento previsto en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), es decir aplicar el reglamento después de conceder la autorización, y la contradicción en la que incurre la autorización de explotación debido a que sería para no cargar combustible ni producir electricidad.

• Los incumplimentos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y participación pública, respecto del Convenio de Espoo y Aarhus respectivamente.

• Los costes medioambientales y los intrageneracionales son muy elevados, ya que la energía nuclear es el mejor ejemplo de traslado de costes a las futuras generaciones, a través del legado de residuos nucleares y del riesgo inherente a esta instalación. Garoña es prescindible respecto a la seguridad de suministro, tal y como hemos podido comprobar durante estos años desde que Garoña mantiene su cese de actividad.

Nota:

Las partes personadas en el proceso son: Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Asociación Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.