“Esta Ley está levantando a la Enfermería contra la Consejería”

El Proyecto de Ley recoge, en su artículo 8, que se habilita a las oficinas de farmacia al “desarrollo de actividades y servicios asistenciales que determine la Consejería”, hecho éste que refleja perfectamente la intención de los redactores de la norma: “Privatizar parte de la labor que realizan enfermeros y médicos de los Centros de Salud para que la oficina de farmacia obtenga más beneficio económico a costa de los usuarios o de los presupuestos que ahora se destinan a la Sanidad Pública madrileña”.

Este Proyecto de Ley “ha levantado a los profesionales de Enfermería de la Comunidad de Madrid que, unánimemente, creen que la Consejería de Sanidad se ha alineado con la empresa farmacéutica para privatizar la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. Precisamente esa, la Atención Primaria, que tantos elogios ha despertado en la comunidad internacional”.

Que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ratifique públicamente en el apoyo a este Proyecto de Ley denota claramente el afán privatizador del PP en la Sanidad Pública. Aumentan los conciertos, disminuye el número de profesionales de la Atención Primaria, que tiene el ratio más bajo de todo el Estado en número de profesionales por habitante, y ahora “se pretende que parte de la asistencia sanitaria la preste en los domicilios un profesional, el farmacéutico, que no sólo no está cualificado para ello sino que echaría por tierra la labor de los últimos 20 años de las enfermeras y médicos del SERMAS”.

Desde SATSE Madrid no se está en contra de la presencia de la farmacia en la sanidad pública pero sí que una empresa privada, como es la oficina de farmacia, acuda a un domicilio a desarrollar unas funciones que, por Ley, ya realizan enfermeras y médicos de los Centros de Salud.

SATSE Madrid entiende que se duplicaría una atención que los profesionales de los Centros de Salud ya realizan con todas las garantías y satisfacción por parte de los usuarios. Atención que, en opinión del Sindicato, no llegaría a todos los usuarios ya que la oficina de farmacia primaría aquellos con ‘nicho de negocio’, dejando de lado los que están lejos de la farmacia o a los que, económicamente, no les resultara beneficioso.

Por poner un ejemplo. Hoy, los profesionales de Enfermería se desplazan, en ocasiones, más de 40 km para acceder a un domicilio de un paciente, hecho éste que no realizarían los farmacéuticos por no ser rentable o si lo hacen será a un coste exorbitado que pagarían los usuarios directamente o a través de los impuestos que se detraerían del presupuesto de la Consejería de Sanidad.

Llevar a cabo el control del botiquín o “el desarrollo de actividades y servicios asistenciales de naturaleza informativa, preventiva y de seguimiento a grupos específicos de pacientes como se indica en el Proyecto de Ley de Farmacia (art. 8 j del Proyecto de Ley) son ya desarrollados por los profesionales de los Centros de Salud por lo que lo único que se nos ocurre es que la única finalidad que se busca con ello es que las oficinas de farmacia mejoren su caja a fin de mes o despedir a enfermeras y médicos de los Centros de Salud, que ya no serán necesarios, al eliminar parte de sus competencias”, afirman desde el Sindicato de Enfermería en Madrid.

Tal es así, que el documento ‘Proceso enfermero y criterios de buena atención en la cartera de Servicios de AP’ elaborado por la Consejería se recogen, uno por uno, aquellos procesos que ahora quieren dar a las oficinas de farmacia. También se recogen en el ‘Programa de Atención al mayor polimedicado’, igualmente editado por la propia Consejería o en los protocolos, que son de obligado cumplimiento, que están vigentes en todos los Centros de Salud de la Comunidad y que han sido aprobados por la Consejer.

Reunión con Ciudadanos, PSOE y Podemos

En su reunión con los grupos políticos de la Asamblea, todos excepto el PP que ya se ha pronunciado en su apoyo a la oficina de farmacia, SATSE Madrid les indicará que sólo tienen dos opciones; Apoyar la privatización de los centros de salud o votar en contra del Proyecto de Ley de Farmacia y exigir al PP y al Gobierno regional que se siente a negociar con todas las partes implicadas.