Registrada petición para que Lesmes explique con urgencia en el Congreso la “paralización exprés” del Supremo “de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas”

Lunes, 22 de octubre 2018.

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y el portavoz parlamentario en materia de Justicia, Alberto Garzón y Ricardo Sixto, respectivamente, han registrado esta mañana la petición para que comparezca de forma urgente en el Congreso el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también lo es del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, “para que informe de la ‘paralización exprés’ que el Tribunal Supremo efectuó de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas”.

Garzón adelantó esta iniciativa el pasado sábado durante el desarrollo de la reunión en Madrid de la Asamblea Político y Social (APyS) de IU, máximo órgano de decisión de esta formación. La pone en marcha ante la “inaudita y vergonzosa” marcha atrás protagonizada por el propio Supremo, apenas un día después de que se hiciera público el fallo por la Sala Tercera de este Alto Tribunal que establece que son los bancos y no los clientes los que deben pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Éste es el más importante al que hay que hacer frente cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca.

Esta polémica sentencia responde al recurso que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid -gobernado por IU- interpuso contra el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, en el que el Supremo acabó dando la razón a la corporación municipal ripense.

Alberto Garzón considera que a nivel político “hay que ser muy claros” con este asunto y ha denunciado que “los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años demuestran ahora su capacidad para intervenir ante las instancias públicas”.

El máximo responsable federal de IU opina que “esos mismos bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo”, para ilustrar así las presiones suscitadas a todos los niveles desde el pasado jueves en que se conoció la sentencia sobre el cambio de criterio sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario.

Según los analistas, de aplicarse la sentencia de forma retroactiva podría suponer a las entidades bancarias un desembolso de entre 6.000 y 8.000 millones de euros para devolver el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a quienes firmaron una hipoteca.