EQUO celebra que el TSJM rechace paralizar Madrid Central y anteponga el derecho a la salud frente a los recursos del PP

EQUO celebra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de denegar las medidas cautelares solicitadas por el PP y la Comunidad de Madrid contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, en lo relativo a Madrid Central, una medida municipal, que restringe el tráfico más contaminante y de paso, en el centro de la ciudad.  

El auto del tribunal afirma que ni el PP ni la Comunidad de Madrid en sus recursos detallan en qué consisten los perjuicios que se califican de irreparables» y recuerda al Gobierno regional que «frente al interés general, no pueden prevalecer intereses de otras administraciones públicas –no concretados–, ni los intereses particulares de los ciudadanos más intensamente afectados por las medidas limitativas».

Además, lejos de demandar la suspensión de Madrid Central, objetivo último de las medidas judiciales del PP, los magistrados exigen su cumplimiento, por considerar que «existe un indudable interés público en la aplicación inmediata de las normas que la componen». Así mismo, recuerdan que sin la regulación, creación y puesta en marcha de Madrid Central “resultaría imposible alcanzar en el año 2020 el cumplimiento de las obligaciones de la calidad del aire, debiendo prevalecer el interés general representado en la protección de la salud».

Para EQUO Madrid, “esta decisión supone una aval a las políticas del Ayuntamiento de Madrid contra la contaminación y el cambio climático, lideradas por nuestra compañera y concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y un duro revés para el PP, que no ha dudado en judicializar su oposición a una medida obligatoria y necesaria, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía, con el único fin de ocultar su nefasta gestión en materia ambiental”.

La formación verde, recuerda que la situación de la contaminación en la ciudad y toda su área metropolitana debe ser abordada con decisión y con medidas reales y eficaces. Por el contrario, la Comunidad de Madrid no hace más que intentar obstaculizar la acción del Ayuntamiento, cuando son precisamente estas medidas las que han permitido obtener una prórroga al Dictamen Motivado emitido por la Comisión Europea por la vulneración de los límites de contaminación desde 2010.

El gobierno de Ángel Garrido haría bien en ocuparse de mejorar el transporte público, en particular el Metro, cuyas frecuencias han empeorado durante la legislatura por las carencias de personal y trenes, y realizar las medidas estructurales que son de su estricta competencia: carriles bus-VAO en las entradas a Madrid, aparcamientos disuasorios, etc. etc.

Sin embargo, hoy la Comunidad, con la indispensable ayuda de sus fieles socios de Ciudadanos, aprueban unos presupuestos que no responden a las exigencias europeas y no coadyuvan a reducir los niveles de contaminación. De hecho se han rechazado, entre otras, las enmiendas presupuestarias presentadas por EQUO-Podemos por valor de 6 millones para mejorar la red de seguimiento de la calidad del aire de la región y ayudar a los municipios metropolitanos a poner en marcha planes contra la contaminación y el cambio climático. Y otros 5 millones para la contratación de personal en el Metro, que permita recuperar un servicio público esencial y que el PP ha deteriorado de manera irresponsable.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid, ha mejorado sustancialmente la flota de autobuses de la EMT con la compra de 1.100 unidades, la mayor parte de bajas emisiones, y ha aumentado un 53% su aportación al Consorcio Regional de Transportes.