El PSOE cede ante Unidas Podemos: se prohíben cortes de luz, agua y gas durante el estado de alarma

El Consejo de Ministros aprobará también este martes junto al decreto antidesahucios la suspensión de cortes de suministros (luz, agua y gas) a la población vulnerable y a personas en riesgo de exclusión social.

Concretamente, se aplicará no sólo a los titulares del contrato sino a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo demostrar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del Tercer Sector).

La medida, según han informado fuentes de Unidas Podemos, complementará al decreto que prohíbe los desahucios de familias vulnerables con menores y dependientes y víctimas de violencias machistas, que residan en viviendas de grandes tenedores de vivienda, «aunque no tengan título habilitante».

Se culmina así la negociación sobre esta medida del denominado ‘escudo social’ que había reclamado desde la formación morada, tras varias semanas de «intensa negociación» y en las que se había generado tensiones con el PSOE, socio mayoritario en el Gobierno de coalición. En el caso del corte de suministros, la medida dejó de aplicarse a finales de septiembre y Unidas Podemos había reclamado con insistencia que se volviera a aplicar.

Por tanto, el Consejo de Ministros dará luz verde tanto la suspensión de los desahucios como la prohibición de los cortes de suministros, que incluye también a las personas vulnerables anteriores a la crisis del Covid-19, no solo a las afectadas durante la pandemia.

?️@Teresaribera avanza medidas para la protección de consumidores vulnerables del próximo #CMIN:

«Vamos a garantizar que mientras dure el estado de alarma los consumidores vulnerables sigan contando con total tranquilidad en sus hogares con el suministro de agua, luz y gas» ▶️? pic.twitter.com/AGXh1mWXph

— Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) December 21, 2020

En el caso de desahucios, existirán compensaciones a los grandes tenedores, tal y como planteaba el PSOE para reforzar la seguridad jurídica del decreto, medida aceptada por Unidas Podemos aunque reconociera no sentirse cómodo con ello.

A partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad por los servicios sociales, si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional, se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión. Esto, en el caso de grandes tenedores, solo se aplicará si la vivienda se encontraba en venta o arrendamiento antes de la entrada del inmueble, y estos pueden justificar perjuicio económico.

De este modo, se suspenderán durante el estado de alarma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler. En todos los casos, las autonomías tendrán que ofrecer una alternativa habitacional que sea una vivienda digna antes del fin de la suspensión.

Igualmente, se prohíben durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural; para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, Unidas Podemos volvió a plantear a finales de octubre, en el seno del Gobierno, ampliar el plazo temporal de la prohibición y que abarcaran tanto a los casos previas a la crisis sanitaria y al impago hipotecario.

Los contactos no fructificaron y, como medida de presión, el grupo parlamentario confederal presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin el PSOE, que planteaba la imposibilidad de desahucios hasta finales de 2022. Una maniobra que provocó malestar y críticas públicas de algunos ministros socialistas. En el lado de Unidas Podemos, recalcaban que era un asunto prioritario, como medida sanitaria y desde el plano de protección social.

A finales de noviembre Iglesias y Sánchez recondujeron esas discrepancias y se alcanzó el compromiso de avanzar en la prohibición de los desahucios, algo que llevó al vicepresidente a anunciar que el decreto se aprobaría antes de finales de año.

El 2 de diciembre se alcanzó un principio de acuerdo para desplegar el decreto antidesahucios con vistas a que, tras su aprobación, se mantuviera en vigor hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma. Tras semanas de negociación y días en los que se reavivó la tensión, el decreto para potenciar el ‘escudo social’ verá la luz este martes.