IU solicita a Fiscalía una investigación a las compañías eléctricas por prácticas fraudulentas

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, junto alcaldes, diputados y cargos públicos han presentado una denuncia solicitando al Ministerio Público que investigue por qué, en un periodo de altísima demanda como el de esta ola de frío, las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía.

IU a través de esta denuncia, firmada también por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, los cinco parlamentarios andaluces y los diputados nacionales, Miguel Ángel Bustamante y Eva Sempere, piden al fiscal que investigue también si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país, las llamadas zonas blancas, están incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones

«A nuestro entender, explica el coordinador de IU Andalucía, se impone la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios así como actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas». «Es inaceptable y un insulto a la sociedad española», critica Maíllo, la puesta en escena del ministro de industria Nadal porque «los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica».

En el escrito registrado el pasado viernes en la Fiscalía Provincial de Sevilla, Izquierda Unida insiste que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que «favorecen los intereses empresariales en detrimento de las personas usuarias». «Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas».

Eva García Sempere, diputada de IU en el grupo parlamentario Unidos Podemos, ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiterado en sus informes «estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza». En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por “manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica”. Aquel episodio, explica, movió al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, «supuestamente para evitar que la luz incrementara de golpe», aunque como la propia Comisión ha revelado en su último informe, «las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30%»

Por su parte, Miguel Ángel Bustamante ha defendido la «nacionalización de las eléctricas» cuyas prácticas «están generando una gran indignación social» por tanto entendemos, insiste Bustamante, «desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de la energía»

Desde el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho por causas económicas, explica la denuncia registrada por IU, «entendemos que deben producirse profundos cambios legales en nuestro país dado que entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo para la población». «No obstante, incluso en el ámbito de este marco legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo legalmente establecido, influyendo en los precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio básico requiere para garantizarlo a toda la población».