CGT denuncia la falta de transparencia de la Junta de Castilla y León

En su respuesta lo que viene a decirnos el Consejero de la Presidencia, y esto es lo que hace de su respuesta una de las más insólitas que haya dado hasta cualquier Administración Pública sujetas a la normativa de Trasparencia, es que tenemos derecho a la información pero que no puede darla porque supone un trabajo supuestamente ingente que no están dispuestos a realizar.No sabemos si en España hasta ahora se ha utilizado tan desesperada argucia.

Comunicado: «La Nueva Administración vuelve a tropezar en la misma piedra: Transparencia»

La Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público expresan de manera detallada las funciones y legitimación de los órganos de representación. Entre estas funciones se encuentra conocer todas las decisiones que en política de personal se toman en las administraciones públicas.

Desde la Coordinadora de la secciones sindicales del sector público de CGT se envió una solicitud de información a Función Pública para conocer con detalle la relación completa de todas las plazas de funcionarios de la Administración de Castilla y León y las plazas y los funcionarios que las ocupan en Comisión de Servicios y en Libres Designaciones.

También era de nuestro interés conocer la relación de personas contratadas en esta nueva legislatura a través de la figura de «personal eventual» detallándonos el nombre y apellidos de las mismas, las funciones y competencias por las que han sido contratadas y la retribución anual que recibirán junto a otro tipo de ingresos ordinarios y/o extraordinarios».

No era la primera vez que un sindicato solicitaba dicha información crucial no sólo para conocer de primera mano las necesidades de personal en las diferentes áreas de la administración así como las condiciones laborales de los y las trabajadoras, sino también para controlar posibles irregularidades o ilegalidades en las formas de provisión de personal.

Pero tras más de dos meses de espera la respuesta del Consejero de la Presidencia no sólo sigue anclada en la más absoluta opacidad, sino que además las excusas dadas solo pueden conducir a pensar que este nuevo gobierno bicolor va a continuar en la línea política del anterior ocultando sus clientelas políticas a golpe de privilegios que ponen en peligro los preceptos constitucionales de obligada neutralidad, objetividad e independencia de los actos y resoluciones administrativas de los poderes públicos frente a los ciudadanos y antentando gravemente contra los principios de igualdad, mérito y capacidad también expresados en la Constitución. Es evidente que aquí en Castilla y León los autodenominados «constitucionalistas» son un gran ejemplo del refrán que dice «dime de lo que presumes y te diré de lo que careces».

Concretamente el Consejero de Presidencia nos contesta que «desde el Sistema Integrado de Gestión de Personal no es posible extraer la información solicitada, dado el nivel de detalle requerido. Obtener tal información conllevaría una previa extracción de datos que deberían posteriormente ser cruzados, depurados y revisados en muchos casos de forma manual e individual.

Por otro lado, en el programa informático no existen datos relativos a la motivación de los distintos actos administrativos, se debería requerir tal información a los órganos competentes en cada caso, tanto de los servicios centrales como de los territoriales, en función de la competencia ejercida.

En consecuencia, atender la solicitud del interesado conllevaría un proceso de reelaboración previa de la información, por lo que se considera que procede la inadmisión de la solicitud de acceso a la información en aplicación del artículo 18.1, apartado c) de la LTAIBG«.

Lo que viene a decirnos el Consejero de la Presidencia, y esto es lo que hace de su respuesta una de las más insolitas que haya dado hasta cualquier Administración Pública sujetas a la normativa de Trasparencia, es que tenemos derecho a la información pero que no puede darla porque supone un trabajo supuestamente ingente que no están dispuestos a realizar. No sabemos si en España hasta ahora se ha utilizado tan desesperada argucia.

Lo cierto es que dicha información sigue guardada bajo llave, ya que precisamente en el Sistema Integrado llamado «Pérsigo» que utilizamos todos los trabajadores públicos para acceder precisamente a esos datos se guarda toda esa información.

Lo cierto es que la única depuración y revisión que necesita el Consejero es la de su propio cometido y el de sus Directores Generales y Coordinadores.

Lo cierto es que no hemos solicitado la motivación de los actos administrativos, puesto que precisamente sabemos y queremos demostrar que dichos actos no existen en la provisión excepcional de los puestos de trabajo.

El sindicato CGT anuncia que irá al Comisionado de Trasparencia como siguiente paso y si es necesario irá al Contencioso para solicitar una información que en su mayor parte debería de ser trasparente para todos los ciudadanos.