La Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica presenta recurso al procedimiento de evaluación ambiental implantado por el Ministerio de Transición Ecológica

Para el colectivo, el documento aprobado incumple claramente lo estipulado por la Ley21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al no incluir una serie de contenidos imprescindibles en el estudio de impacto ambiental estratético (EsAE), como la problemática derivada de las instalaciones de energía eólica y fotovoltaica existentes sin aportar datos sobre su número, distribución espacial o impactos ambientales.

La Plataforma señala que «cabe recordar que los parques eólicos y fotovoltaicos instalados y en funcionamiento desde finales de los años 90 ya han generado una problemática medioambiental muy relevante, como demuestran un buen número de publicaciones científicas (Ej: González & Ena, 2011; Martínez et al., 2010; Serrano et al., 2020; Tellería, 2009), así como numerosos procesos judiciales con esta problemática como trasfondo (Ej: TSJCyL, de 27 de abril de 2012)».

Por otra parte -señala el grupo- «se omiten por completo los efectos sinérgicos derivados de la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos» sin hacer referencia «a su magnitud, alcance o importancia».

En este sentido, en el documento del PNIEC no se recogen diferentes alternativas para el modo de implantación de las renovables, como podrían ser las pequeñas instalaciones de autoconsumo y se carece de instrumentos de planificación territorial de la potencia a instalar, lo que no evita que las autorizaciones de las comunidades autónomas superen las necesidades previstas. Para el colectivo «el hecho de que las competencias de planificación territorial sean de las comunidades autónomas no significa que el Estado no deba establecer criterios generales para esa planificación», siendo deseable la incorporación al sistema de una zonificación de aptitud ambiental y territorial y la necesaria coordinación con el resto de infraestructuras necesarias para la evacuación de la energía eléctrica producida. Sin embargo -subraya la Plataforma», la Declaración Ambiental Estratégica del PNIEC «delega la ordenación del territorio para el desarrollo de los planes de energía en las comunidades autónomas, limitándose a una recomendacion».

De hecho, el PNIEC prevé la instalación total de 89,5 GW para estas instalaciones industriales en 2030. De ellos 36,4 GW ya están instalados y 53,1 GW se instalarían en los próximos 10 años. Sin embargo, según datos de Red Eléctrica Española, a finales del año 2020 ya hay autorizados con permiso de acceso a la red, 165 GW de renovables (eólica y solar fotovoltaica). El Estudio de Impacto Ambiental Estratégico del PNIEC únicamente evalúa la potencia prevista para 2030, es decir, los 89,5 GW, que es la considerada en la Declaración Ambiental Estratégica (DAE). En la práctica, según indica la Plataforma, «se estarían pasando por alto 75,5 GW ya autorizados y con permiso de conexión a la red, un 84% más de la potencia prevista para 2030».

Finalmente, la Plataforma considera que existe una clara afección y desprotección de las zonas de especial importancia medioambiental (como en el caso de la Red Natura 2000), pues aunque la norma establece medidas de carácter general, estas «no son lo suficientemente claras para garantizar que la implantación de proyectos industriales de generación de energía renovable no cause afecciones severas sobre zonas protegidas» pues términos empleados en el documento aprobado como «evitar» u «ocupación mínima» no llegan a dejar claro que no se puedan llavar a cabo este tipo de proyectos industriales de carácter energético en el interior de espacios protegidos y «tampoco se contempla la potencial afección sobre los espacios protegidos cuando estos proyectos se plantean en sus inmediaciones». En esta línea, para la entidad, «esta falta de concreción y de exigencias vinculantes dentro del PNIEC no pone solución al patrón observado durante las dos últimas décadas en la implantación de instalaciones industriales de energía renovable en España».