FACUA Andalucía ve el decretazo de simplificación de la Junta como una eliminación de controles y garantías que molestan al empresariado

FACUA Andalucía critica que la Junta haya vuelto a aprobar por Decreto-Ley con una serie de medidas de carácter sustancial haciéndolo sin debate público ni diálogo con los agentes sociales y económicos.

La posibilidad de utilizar una herramienta como el Decreto Ley se establece en el estatuto andaluz en su artículo 110 para su aplicación en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Este nuevo “decretazo” afecta a más de 450 normas y aprovecha este procedimiento para modificar textos que se venían trabajando desde hace años sin tener que pasar por el debate público propio de una tramitación ordinaria.

El mensaje lanzado por el Ejecutivo andaluz para justificar este nuevo barrido normativo es el de la simplificación administrativa y eliminación de trabas. Sin embargo, tras el análisis del mismo, se detectan modificaciones que afectan de forma expresa a elementos de control y seguridad jurídica para los ciudadanos, evidenciando en muchos casos la falta de capacidad de gestión del Gobierno de Moreno Bonilla. Muchas de las modificaciones propuestas parten de una falta de capacidad de respuesta por parte de la administración, quien en lugar de dotar de medios materiales y humanos a las administraciones competentes, optan por eliminar controles.

La norma también aprovecha para borrar del mapa a distintos órganos de participación, así como reducir su capacidad de incidencia en el debate, de lo que se deduce, una vez más, la falta de talante dialogante de este gobierno.

Eliminación de aspectos de control

Con este nuevo “decretazo” se continúa potenciando la supuesta agilización de los procedimientos con herramientas como la declaración de responsabilidad o el silencio positivo en determinados procedimientos. La federación cree que se utilizan estas herramientas en supuestos que pueden afectar a aspectos de seguridad jurídica para los usuarios de determinados servicios.

Además, la norma no prevé un control a posteriori de las actividades iniciadas con el trámite de una declaración de responsabilidad, dejando por tanto a la “buena fe” del empresario el efectivo cumplimiento de determinados requisitos parea el inicio de una actividad.

FACUA Andalucía considera muy preocupante que para el inicio de una actividad de un centro de Servicios Sociales se introduzca el silencio positivo, pudiendo comenzar a funcionar sin que nadie haya comprobado que cumple los requisitos necesarios. Esta fórmula también se puede utilizar en los expedientes de revocaciones de autorizaciones de funcionamiento, ya que permitirían seguir funcionando a pesar de que haya existido un incumplimiento de las empresas, suponiendo una clara falta de seguridad jurídica para los usuarios.

Asimismo, se permite el inicio de una actividad de un centro social para personas con enfermedad mental con una mera comunicación a pesar de lo delicado de su actividad y vulnerabilidad de las personas a las que se dirige, obviando, por tanto, la acreditación de un mínimo de requisitos materiales, funcionales y de personal que permitan asegurar una atención de calidad y una seguridad para las personas atendidas.

Para los equipos de valoración para el grado de discapacidad se requería hasta ahora, además del director del centro, una persona con el grado en Trabajo Social, una persona con el grado en Medicina y una persona con el grado en Psicología. Con la modificación aprobada simplemente deben ser “profesionales del área sanitaria y del área social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente”, reduciendo por tanto una garantía en la evaluación tanto para el ciudadano como para la propia administración.

En el ámbito medioambiental, determinadas actividades sólo necesitarán un pronunciamiento en lugar de autorización, tocando temas tan sensibles como la autorización de instalaciones de gestión de residuos, la ampliación del tiempo de almacenamiento temporal de residuos peligrosos o los proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas.

Paso atrás en el ámbito de la participación

La norma elimina distintos órganos de participación justificándose en que no se convocan, cuando paradójicamente es la propia administración la que debe convocarlos. Por lo tanto, es su falta de interés y dejadez ante la participación social la que justifica su eliminación.

La federación no entiende la eliminación del Observatorio de la Vivienda, en el que participaban los distintos sectores afectados analizando la función social de la vivienda y la realidad social y económica de la misma, y asesorando sobre la planificación de la acción normativa en el ámbito de la vivienda.

También se eliminan las Comisiones Provinciales de Coordinación, con funciones como coordinar, evaluar, hacer un seguimiento y controlar la ejecución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en el ámbito de su provincia, así como la Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas o el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia.

FACUA Andalucía entiende que se da un paso atrás en el Consejo Andaluz de Servicios Sociales, eliminando el carácter preceptivo de los informes de los agentes sociales, en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo en los casos de formulación o revisión total de un Plan General de Ordenación Urbanística en el que se elimina el informe de valoración preceptivo o en el Consejo Andaluz del Cine, donde se suprime la representación de los consumidores en su permanente.

Normas que no eran urgentes

Con este Decreto-ley el Gobierno andaluz ha aprovechado para introducir elementos que tenían atrasados en su tramitación como la modificación de la Ley de Dependencia y de la Renta Mínima, que ya se habían trabajado y que se han incorporado obviando así los elementos de debate público y control que garantiza el trámite ordinario.

De este modo, han entendido que es urgente y necesario incrementar el requisito económico para las viviendas protegidas de régimen especial, subiendo el umbral de ingresos anual familiar de 2,5 a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), dificultando el acceso a las viviendas protegidas a quienes más lo necesitan.

La federación también critica que se haya modificado la Ley de Comercio Interior avalando los posicionamientos de la patronal, prohibiendo que los comercios físicos no estén cerrados más de un día seguido y obviando el posicionamiento de los representantes de los consumidores en el ámbito del comercio.