Garzón: La «Operación Lezo» enseña que «los corruptos son los que ponen a los fiscales anticorrupción» con una «complicidad» que obliga a hablar ya de «Fiscalía Pro Corrupción»

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha realizado hoy un durísimo análisis de los casos de corrupción que asolan al Partido Popular, centrándose en el último estallado esta misma semana a partir de la denominada ‘Operación Lezo’, la trama de desfalco de dinero público del Canal de Isabel II, que ha llevado a prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a una red de familiares directos y cargos vinculados al partido de Mariano Rajoy y al ejercicio de su poder madrileño.

Durante la exposición de su informe político en la reunión que se celebra en Madrid de la Coordinadora Federal de IU -órgano de debate y dirección de esta organización, cuyos trabajos se extenderán hasta esta tarde-, Garzón denunció que este caso, “que no es un suceso más, ni un caso más aislado”, como le gusta justificarse a la dirección ‘popular’, sirve claramente para “sacar varias enseñanzas”. Entre ellas está que ahora ya se ha podido comprobar directamente que “los corruptos son los que ponen a los fiscales anticorrupción”, con una “complicidad” por parte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que lleva a decir que la hasta ahora prestigiosa Fiscalía Anticorrupción ha pasado a ser una “fiscalía pro corrupción”.
 
Garzón advirtió con indignación que a medida que se han conocido más datos de las actuaciones de esta trama corrupta se ha evidenciado también cómo “el PP ha sido protegido” por la Fiscalía General del Estado. De ahí que él mismo, en nombre de IU, exigiera ya el jueves pasado el “cese inmediato” de Maza. Lo hizo, entre otros motivos, por ser el responsable directo de nombrar a Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, un personaje al que “el corrupto principal de este caso (Ignacio González)” calificó en una conversación con otro destacado dirigente del PP nacional “como uno de los suyos”, semanas antes incluso de se confirmara su nombramiento.

El máximo responsable de IU tachó a Maza de “cómplice” de todo lo que está pasando, de ahí su sorpresa y crítica de que siga en el puesto al que le aupó para ejercer su labor el Gobierno de Rajoy, lo mismo que pasa con Moix, todavía al frente de Anticorrupción.

Pero siguiendo con las “enseñanzas” que se extraen de esta ‘Operación Lezo’ contra la sangrante corrupción del PP madrileño, Garzón aludió también a que “ninguno de estos procesos se hace sin el consenso y la participación de esas grandes empresas que forman parte de la oligarquía económica” de este país, la misma a la que se ha favorecido desde el poder y que se ha visto beneficiada por la política económica de imposiciones hecha por la crisis. Apuntó que esos empresarios “son los que no acaban nunca en la cárcel” y que hacen un trabajo “poco visible” del que se favorecen económicamente a costa de los intereses de la mayoría social.

Además, señaló a la “implicación directa y necesaria de un sector periodístico y de determinados grupos” vinculados a la comunicación, que “trabajan por el encubrimiento del delito” y que llegan incluso a coaccionar y amenazar a quien se opone a los intereses que comparten con algunos de quienes ostentan el poder.

“La corrupción en el PP no son casos aislados, afectan a su cúpula”, reiteró y ahí están los graves antecedentes en lugares como Valencia, Murcia, Baleares, pero también ya en Madrid. Sobre este último territorio valoró que “nada de esto se hubiera podido hacer sin el concurso cómplice, aunque sea sólo por omisión, de Esperanza Aguirre -ex presidenta de la Comunidad y del PP madrileños-; por eso hoy exigimos también su dimisión” de su cargo como portavoz ‘popular’ en el Ayuntamiento de Madrid, por ser “cómplice necesaria” de todo lo ocurrido.

Además de todo ello, en un análisis de calado más político, Alberto Garzón reconoció que le parecía “sorprendente” la “suavidad tremenda del PSOE al hablar de este caso”. Recordó también que desde el PP “ya no se habla de casos como el de los ERES de Andalucía” que salpica más directamente a la presidenta andaluza y candidata a las primarias socialistas, Susana Díaz.

Garzón encuentra un nexo de unión y una posible fecha como punto de partida de esta “alianza de intereses”, que no es otro que la votación de investidura a finales de 2016 de Mariano Rajoy para que pudiera repetir al frente del Gobierno. “En el PSOE son conscientes -dijo- de que Rajoy y el PP están en el Gobierno por sus votos y los de Ciudadanos”.

La Coordinadora Federal aprueba el texto inicial que fija el proceso de revocatorios para los cargos de IU para avanzar en los mecanismos democráticos de la organización

La Coordinadora Federal de Izquierda Unida -órgano de debate y dirección de esta organización- ha aprobado esta tarde por 38 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones el borrador inicial del denominado ‘Reglamento para la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos orgánicos y públicos de IU’. El texto fija que un 40 % de sus afiliados/as y simpatizantes podrá pedir la celebración de un referéndum sobre la continuidad o no de estos cargos públicos. A partir de esta aprobación se abre un plazo de un mes para que militantes y simpatizantes puedan hacer aportaciones puntuales al texto. Tras ello, la Comisión Federal de Garantías Democráticas (CFGD) revisará la seguridad jurídica de todo el contenido, que se someterá a votación definitiva en la próxima reunión de la Coordinadora Federal del mes de junio.

Toni Morillas, responsable federal de Democracia Participativa Interna, ha sido la encargada de exponer este reglamento que desarrolla la propuesta aprobada en la XI Asamblea Federal celebrada en junio del pasado año. Antes de abrirse el debate, expuso una serie de modificaciones introducidas en el borrador inicial de un texto que fija el procedimiento para el revocatorio de las personas que ostentan responsabilidades internas en las distintas direcciones estatal, regionales y locales de IU, así como de aquellos/as que han resultado elegidos para un cargo público en las diferentes citas electorales, favoreciendo así lo que se considera “el desarrollo de un movimiento político sustentado en la radicalidad democrática”.

Este proceso de revocatorio se iniciará a instancias del 1% del censo o el 10% de aquellas personas que compongan un órgano de dirección. Aunque inicialmente se contemplaba esta posibilidad, a lo largo del debate se decidió que esta solicitud no pueda ser instada por cualquiera de los partidos o corrientes de opinión que se integran en Izquierda Unida, así como por sus federaciones.

A partir de la solicitud, tanto el grupo promotor como la persona o personas a las que se quiere revocar dispondrán del plazo de un mes para “exponer cuantas explicaciones, argumentos, testimonios o pruebas consideren necesarias para la defensa de sus intereses”.

Pasado este tiempo, el órgano instructor abrirá un proceso de arbitraje para tratar de resolver el conflicto sin necesidad de acudir al referéndum revocatorio. Si esta solución amistosa no es posible, se abrirá un plazo de tres meses para que la iniciativa recoja los apoyos necesarios para que se celebre el referendo revocatorio, lo cual será comunicado públicamente a todo el censo de referencia.

Como se ha dicho, para que el preceptivo referéndum se realice se necesita que lo apoye un mínimo del 40% del total de la afiliación o de los miembros del órgano que eligieron al cargo al que se pretende revocar. Ello garantiza que sea una medida excepcional y ante casos graves, no ante meras discrepancias políticas o conflictos personales. De salir adelante, el referendo revocatorio se celebrará en un máximo de 15 días.

Otra de las modificaciones contempladas, en este caso en el primer artículo del reglamento del borrador inicial, es que el revocatorio puede alcanzar también a los cargos públicos perteneciente a IU que hayan sido elegidos a partir de candidaturas con otra denominación y que no hubieran sido propuestos formalmente para ellas por Izquierda Unida.

En cualquier caso, la solicitud de inicio del proceso nunca podrá realizarse antes de que transcurra un año desde la toma de posesión del cargo en cuestión. De igual forma, no se podrá instar nuevamente el inicio del proceso contra un cargo que ya haya sido sometido a un referendo revocatorio hasta que hubieran transcurrido al menos dos años desde el primer intento.

La pregunta que se someterá a votación para todos estos cargos establece que ‘Conocidos los argumentos de cada una de las partes en este proceso, ¿consideras que debe revocarse el mandato de (NOMBRE) como (CARGO)?’. Se podrá elegir entre las respuestas: ‘Sí, deseo que se revoque el mandato’ y ‘No, no deseo que se revoque el mandato’.

En caso de que se produzcan más votos en contra de revocar el mandato que a favor, se procederá a proclamar la continuidad de la persona afectada en el cargo y no podrá ser sometida a un nuevo revocatorio hasta pasados dos años.

Si hay más votos a favor, en caso de que se trate de un cargo orgánico, se tendrá por destituida a dicha persona. Si se trata de un cargo público, se solicitará su renuncia al acta correspondiente. En caso de que no accediera a ello, la organización iniciará el oportuno expediente conforme a lo establecido en los Estatutos.

Otra de las modificaciones acordadas sobre el borrador inicial establece que será una ‘comisión electa’ la que actúe como órgano instructor de todo el proceso y no la Comisión Federal de Garantías Democráticas (CFGD) o su correspondiente en el ámbito local del que se trate.

Además, se incluyó también la acotación de que cada militante de Izquierda Unida sólo podrá hacer una solicitud de revocatorio al año, para evitar así abusos en la utilización de esta figura.

La solicitud del revocatorio deberá estar motivada por incumplimiento manifiesto del programa electoral, de los estatutos, códigos éticos o de los acuerdos de Gobierno, comisión de delitos, vulneración de derechos humanos o actuaciones contrarias a los principios de la organización.