España debe priorizar la salud de la población y del medio ambiente controlando las emisiones de los automóviles de forma adecuada

El resultado de la coordinación interministerial entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) en el dosier de la homologación de los vehículos a motor no puede ser otro. Es lo que reclaman las ediles responsables de movilidad y medio ambiente de Madrid y Barcelona en una carta abierta destinada a la ministra Isabel García Tejerina, con copia a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como al Presidente del Consejo de Gobierno de la Red Española de las Ciudades por el Clima, que representa a gobiernos locales donde viven 60 % de la población española.

También firman la carta la Federación Europea de Transporte y Medioambiente (Transport and Environment, T&E), Ecologistas en Acción, Ecodes y Eco-union y se adhieren las casi 400 organizaciones representadas en Alianza por el Clima y en la Plataforma per la Qualitat de l’Aire. Estos grupos están haciendo un seguimiento del ‘dieselgate’, analizando su impacto y llamando al Gobierno español a hacer todo lo posible en el Consejo de la Unión Europea para evitar que se repita un escándalo de esta envergadura. Conviene recordar que las emisiones de los diésel por encima de los límites legales causan 38.000 muertes prematuras en el mundo –11.400 en Europa– según un estudio publicado en Nature el 15 de mayo de 2017.

Eso supone poner fin al sistema actual de homologación de vehículos a motor, que ha demostrado ser ineficaz en la detección de casos de fraude como el ‘dieselgate’. 

Concretamente, lo que se pide al Gobierno es mayor independencia en los controles de las emisiones de vehículos, como ya ha apoyado el Parlamento Europeo y como propone la Comisión Europea en la propuesta del nuevo reglamento.

Proteger el clima y el aire que respiramos es competencia del ministerio dirigido por Isabel García Tejerina. La propuesta de la Comisión Europea para el nuevo reglamento de homologación se votará en el Consejo de la Unión Europea en coordinación con el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad. La carta se envía mientras se está definiendo la posición que el Gobierno de España va a adoptar en la votación del nuevo reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos a motor en el Consejo de la Unión Europea del 29 de mayo.

Para evitar que se repita un escándalo como el ‘dieselgate’, con las conocidas repercusiones sanitarias y medioambientales, es crucial que la posición de España integre la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la confianza de los consumidores. 

En el Estado español la mala calidad del aire es responsable de casi 25.000 muertes prematuras al año y del aumento de víctimas de enfermedades respiratorias por las emisiones de los vehículos homologados, incluso cuando estos cumplen con los límites legales. Por un lado existe una asociación estadísticamente significativa entre el aumento de partículas contaminantes del aire de un diámetro de menos de 2,5 micras y las crisis asmáticas, así como un incremento en la incidencia y la severidad del asma en niños y adolescentes. Por otro lado, las partículas de menor tamaño están compuestas por elementos más tóxicos, y en la mayoría de los casos provienen de los vehículos diesel. 

A esto hay que sumar que más de 700.000 consumidores han sido estafados al comprar un vehículo de motor diésel cuyas características técnicas, en situación de conducción real, no corresponden a las certificados otorgados por los organismos de homologación (según FACUA, 700.000 consumidores están afectados en España por la manipulación fraudulenta de los motores diésel de las marcas Volkswagen-Audi y Seat; a esta cifra habría que sumar los casos de otras marcas). 

El escándalo ‘dieselgate’ se destapó como un fraude en la medición de emisiones de dióxido de nitrógeno y el Estado español tiene abierto un procedimiento de infracción por incumplimiento de la normativa europea con respecto a este contaminante, además de haber sido expedientada por no sancionar a los responsables del fraude Volkswagen. Ciudades como Madrid o Barcelona tienen un grave problema con el cumplimiento de los límites legales por este contaminante.

El artículo 90 de la propuesta sobre la homologación de vehículos de la Comisión Europea prevé la capacidad de la Comisión de imponer multas administrativas al agente económico que haya infringido el reglamento. Para asegurar la correcta implementación del reglamento es importante que nuestro Gobierno apoye esta disposición.

Si bien actualmente el sistema de homologación de vehículos es competencia del MINECO, es obligación del MAPAMA velar por la salud del medio ambiente y la buena calidad del aire. Por ello, se demanda el apoyo de la ministra para instar al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a votar a favor de la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos a motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos», incluyendo el refuerzo de la supervisión sin restricciones por parte de la Comisión y de la capacidad de ésta de imponer sanciones a los responsables de no cumplir con el reglamento propuesto.