Unidos Podemos- En comú Podem- En Marea Mayo 2017

Las evidencias científicas de que nos acercamos a un cambio climático catastrófico son abrumadoras; de ahí la necesidad de actuar de forma urgente para intentar frenar esta tendencia. La reciente entrada en vigor del Acuerdo de París contra el cambio climático, avalada por la ratificación de 111 países en el plazo de un año, y que España ratificó el 30 de noviembre de 2016, pone de manifiesto que la urgencia para actuar en contra el del cambio climático cuenta con un amplio respaldo global.

Nuestra posición geográfica en la región Mediterránea, una de las más expuestas al cambio climático, nos hace especialmente vulnerables a este fenómeno. Los ecosistemas de Europa meridional son profunda- mente frágiles, incluso pequeños cambios en la temperatura o en el régimen de precipitaciones pueden tener efectos devastadores. En España, la funcionalidad del ciclo hidrológico está particularmente amena- zada, sobre todo en el sur y en la cuenca mediterránea.

Sin embargo, el precedente de la actuación política del gobierno español es alarmante: En los últimos PGE presentados se plantea una reducción de la partida de lucha contra el cambio climático y la contaminación del 45% con respecto a 2016, quedando en tan solo 27 millones de euros. Esto supone dedicarle al cam- bio climático lo que cuesta 1 kilómetro de AVE; demasiado poco interés político frente a un problema tan acuciante

Es necesario y urgente que la acción global se concrete cuanto antes en medidas en cada territorio, y de- sarrollemos en nuestro país herramientas legales para el cumplimiento de esos acuerdos internacionales. Ya otros países de nuestro entorno europeo como el Reino Unido, Francia o Finlandia, cuentan con leyes específicas para luchar contra el cambio climático.

Por ello abogamos por la aprobación de manera urgente de una Ley contra el Cambio Climático y transición energética que aborde tanto la mitigación (reducción de emisiones), como la adaptación a los impactos del cambio climático, y establezca unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en todos los sectores implicados, y proponga una hoja de ruta clara para nuestro país.

Una ley de cambio climático, que debe alinearse con las ad- vertencias científicas recogidas en el Acuerdo de París; en concreto es imprescindible contemplar el objetivo de que las temperaturas globales no aumenten por encima de 1,5 º C, y en ningún caso puedan superar los 2 ºC.

“En los PGE 2017 el Gobierno le dedica al cambio climático lo que cuesta 1 kilómetro de AVE

España tiene ya unas obligaciones concretas en el marco de la Unión Europea, que debe cumplir en todo caso. Sin embargo la especial condición de vulnerabilidad de nuestro país, nos hace reclamar objetivos más ambiciosos que los de la propia UE, incluyendo un escenario de emisiones cero para el año 2050.

Asimismo, recordemos que en nuestro país, el 75% de la energía que consumimos proviene fundamental- mente de hidrocarburos; por lo que en este caso, la lucha contra el cambio climático coincide con el objeti- vo estratégico de reducir la dependencia energética exterior.

Elementos básicos de la Ley

1º. Plan de transición energética hacia un modelo 100% renovable. La política energética desarrollada por el Ministerio de Energía en los últimos años ha puesto en peligro el cumplimiento de los objetivos marca- dos por la UE para 2020 en materia de energías renovables. Apostar con claridad y decisión por un nuevo modelo energético implica, además, un plan de cierre de las centrales nucleares, reducir el uso de carbón y fomentar el autoconsumo y la energía distribuida.

2º. El transporte se ha convertido en la principal fuente de emisión de gases, alcanzando hasta el 40% de las emisiones. Urge por ello un Plan de Acción para reducir las emisiones del transporte, que contemple el impulso a las mercancías por ferrocarril, la acción climática en las ciudades y el apoyo a la movilidad soste- nible y al transporte eléctrico.

3º. Un Plan de fiscalidad verde que introduzca nuevos impuestos, cuyo objetivo sea promover desde la política fiscal el impulso hacia un nuevo modelo bajo en carbono.

4º. La aplicación real del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), con el fin de que los programas de trabajo que se establezcan en él permitan desarrollar la política de adaptación al cambio climático en España.

5º. La ley debe incluir también un Plan de Reducción de Emisiones en el sector agrícola y ganadero, pro- moviendo prácticas sostenibles que reduzcan las emisiones de estas actividades, que suponen un 18% del total.

6.- El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el Plan Forestal Español deben volver a ponerse sobre la mesa, puesto que son instrumentos clave para integrar la adaptación al cambio climático en las normativas sectoriales sobre biodiversidad y bosques.

7º. La introducción en la ley de otros sectores difusos (como la edificación o la gestión de residuos) es imprescindible debido a su enorme potencial de reducción de emisiones.

Asimismo la Ley debe contar con una serie de principios básicos:

• Objetivos concretos de reducción para cada uno de los sectores principales en emisión de gases de efecto invernadero, a corto, medio y largo plazo (2020, 2030 y 2050), utilizando como año base 1990, y no el 2005. El compromiso por parte de La Unión Europea, sigue siendo el de reducir el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los niveles de 1990. La futura Ley de Cambio Climático debe establecer objetivos más ambiciosos para nuestro país, incluyendo un objetivo de emisiones cero para el año 2050.

• Indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los compromisos. Entre los indica- dores deben incluirse las emisiones de CO2, y de otros gases de efecto invernadero como metano, gases fluorados, etc.

• Abordar el reparto competencial con las Comunidades Autónomas, así como la creación de un organis- mo de coordinación autonómica.

• Establecimiento de un organismo de participación pública, para el seguimiento y evaluación del proceso, y otro de asesoramiento científico.

• Financiación adecuada para llevar adelante los objetivos.

• Favorecer la adaptación en todos los ámbitos sectoriales: transporte, infraestructuras, turismo. El cambio climático tiene una afectación multisectorial, por ello existe la necesidad de que la Ley sea transversal.

• Impulso a la creación de empleo verde que promueva y dinamice la lucha contra el cambio climático en todos los sectores.

• La ley debe incorporar necesariamente la prespectiva de los derechos sociales y ambientales, en tanto en cuanto el cambio climático afecta de forma global y local a los colectivos más vulnerables, como por ejemplo hogares afectados por pobreza energética ante condiciones climáticas más severas, colectivos migrantes, etc.

• El proceso de elaboración de la Ley debe ser transparente y debe contar con la participación de la socie- dad civil.