Convocan movilización de pensionistas exigiendo 1080€ de pensión mínima

Tal como indican en la carta enviada este mes a los partidos políticos con representación en el Congreso, el recientemente aprobado RDL 2/2023 no es la reforma que venimos reclamando en las calles desde hace mas de 5 años.

Para COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) aunque el RDL incorpora ciertas mejoras, consideran, sin embargo, que «es parte de un proceso de reformas que está recortando pensiones y derechos de las personas pensionistas. Reformas que como la del 2011 deberían haber sido derogadas y que en este RDL se perpetúan. Los recortes en las pensiones que todavía no se han completado procedentes de esa reforma, como el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años o el incremento de años cotizados para acceder al 100% de la pensión, se siguen aplicando, y se ratifican otros recortes como el incremento de los años de cotización necesarios para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, que con este RDL se aumentan a 29. No se puede decir, por lo tanto, que este RDL no tiene recortes. Se siguen recortando ls pensiones públicas y anulando derechos de las y los trabajadores y de las personas pensionistas.»

Durante todo este año el movimiento pensionista ha venido movilizándose en defensa de un Sistema Público de Pensiones. Con diversas acciones, han conseguido una revalorización de las pensiones en un 8,5%. Mientras, en un entorno de desmovilización de los trabajadores que contrasta con la persistente y unitaria movilización que se está produciendo en Francia e Inglaterra, los salarios en nuestro país solo han subido un 3,5%. Ni pensiones ni salarios han aumentado en la misma proporción que el coste de la vida.

Desde COESPE consideran además que continúan pensiones muy bajas especialmente en el caso de las mujeres. Por ello, continúan con la exigencia de una pensión mínima de 1080 euros.

Mientras los salarios en términos reales han bajado más que nunca, en nuestro país se registra el menor número de horas de huelga en décadas. Las organizaciones de pensionistas apelan a desvelar que una cosa esta directamente relacionada con la otra. «Solo la movilización puede cambiar esa espiral de empobrecimiento y pérdida de derechos.», apuntan desde COESPE.

En estas circunstancias, las organizaciones de pensionistas anuncian que van a realizar una acción simbólica que «recuerde a la sociedad que la lucha de los pensionistas persiste. Vamos a continuar buscando apoyos entre la ciudadanía y la clase trabajadora, informando en los centros de trabajo y barrios de la necesidad de continuar con la información y la movilización en defensa de salarios y pensiones dignas.»

El 25 de mayo, 1080 personas van a concentrarnos a las puertas del Congreso de diputados en Madrid, procedentes del conjunto del Estado. Al mismo tiempo, en decenas de ciudades de todo el Estado, se van a producir concentraciones simbólicas en el mismo sentido.

«No permitiremos que prosiga la privatización del Sistema Público de Pensiones», critican desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, «que nunca ha estado en riesgo de quebrar. Los falsos argumentos sobre su insostenibilidad han sido solo un pretexto para proceder a un conjunto de reformas que recortan las pensiones presentes y futuras y estimulan los sistemas privados de pensiones. Después de hacer aprobar la última reforma, el mismo ministro Escrivá conocía que en los últimos años se han desviado más de 145.000 millones de euros de las cotizaciones pagadas por las y los trabajadores a gastos impropios, es decir a partidas distintas al pago de las pensiones públicas.»

Las reivindicaciones de COESPE son:

1. Someter, tal como aparece en el mencionado RDL, las decisiones futuras respecto a la financiación y prestaciones del SPP a los criterios del Informe de envejecimiento publicado por la Comisión Europea, la AiReF y el Pacto de Toledo deja la puerta abierta a nuevos recortes de las pensiones.

2. Por todo ello, instamos a los grupos políticos del Congreso a utilizar la tramitación parlamentaria del RDL 2/2023 para que nuestras reclamaciones más urgentes sean atendidas y para establecer de inmediato, en 2023 y con efectos retroactivos a enero la pensión mínima de la persona pensionista en 1080 € en catorce pagas. Es imprescindible asegurar que los presupuestos del estado cubrirán los posibles déficits del SPP. Demandamos que en el trámite parlamentario en curso se garantice:

• La realización inmediata de la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social.

• Incrementar la pensión mínima hasta alcanzar los criterios de suficiencia de la Carta Social Europea. En ese camino, reclamamos 1080 € para 2023.

• Derogar los recortes de las reformas de pensiones incluida la de 2011 (Recuperar cuando menos la jubilación a los 65 años, 15 años para el periodo de cálculo de la pensión…)

• Recuperar la pérdida del poder adquisitivo de salarios y pensiones y restablecer para ello la paga compensatoria de las pensiones.

• Medidas efectivas para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones.

• Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.

• Garantizar las pensiones mediante la creación de empleo de calidad y salarios dignos.

• Impedir la financiación con dinero público de los planes de pensiones de empleo (PPEs) por medio de las cotizaciones a la SS y asegurando que coticen y tributen como rentas de trabajo.