Fomento debe dar un vuelco a su política de transporte e infraestructuras
Ecologistas en Acción pide al nuevo ministro de Fomento un cambio radical en la política de infraestructuras de transporte. Hasta ahora esa gestión se ha caracterizado por la falta de planificación para el interés común, el despilfarro de recursos públicos y el olvido de las prioridades que nos marca la lucha contra el cambio climático o la escasez de energía fósil. Por eso, la organización ecologista apremia a Jose Luis Ábalos a que realice una auditoría independiente sobre nuestro sistema de transporte, así como que inicie una nuevo planificación de infraestructuras que prime las necesidades reales de la gente y la reducción de impactos ambientales, no los intereses de las grandes constructoras.
Comunicado
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, declaró en su primera comparecencia parlamentaria del 12 de julio que no se apartaría de las grandes líneas trazadas por su antecesor. Pues bien, debería hacerlo, tanto de los predecesores populares como de los socialistas, con especial mención a Magdalena Álvarez, una de las peores ministras de Fomento que se recuerdan, con el permiso de su antecesor, Francisco Álvarez-Cascos.
Desde hace décadas la política de infraestructuras de transporte del Gobierno español ha sido tremendamente despilfarradora. Ha situado al español como el Estado europeo con más kilómetros de autovía o autopista, más kilómetros de alta velocidad ferroviaria, más aeropuertos deficitarios o sin aviones y más capacidad portuaria ociosa. Y todo ello a un coste económico desmesurado, equiparable a las cantidades que se han recortado en partidas sociales.
De hecho, algunos años de la crisis, como 2009 o 2010, se ha gastado en nueva infraestructura de transporte 19.000 millones de euros anuales solo contabilizando la parte de la Administración General del Estado. Baste recordar que los recortes en educación o sanidad se cuantifican en cifras del orden de los 8.000 o 12.000 millones de euros, respectivamente. Cuesta creerlo, pero las estadísticas son rotundas: España es el Estado europeo que más dotación de grandes infraestructuras de transporte tiene y el que más gasta en proporción a su PIB en nuevas infraestructuras, y esto ocurre a la vez que estamos en el furgón de cola de las prestaciones sociales pero es ahí donde se siguen aplicando buena parte de los recortes.
Ecologistas en Acción lleva años denunciando esta escandalosa situación y señalando que tiene que un motor que cada día resulta más evidente: la corrupción. Si hemos construido por encima de nuestras posibilidades no es por casualidad, es porque se movía mucho dinero y algunas personas se lucraban con ello de manera ilícita. Ahí están, sin ir más lejos, los papeles de Bárcenas, que en su mayor parte se corresponden con –presuntamente– pagos de presidentes de las mayores constructoras al Partido Popular algunas veces en el mismo día que había sido publicado en el BOE la licitación de la obra que se le adjudicaba a su empresa.
El nuevo ministerio de Fomento debe cambiar radicalmente esta dinámica. Para ello, en primer lugar es imprescindible la realización de una auditoría sobre nuestra red de grandes infraestructuras, que evalúe las redundancias (autopistas paralelas, aeropuertos próximos sin tráfico, etc.) y se plantee un cierre de las innecesarias así como una adecuación de las existentes a las necesidades reales de la población. Es decir, hay que cambiar la planificación basada en los intereses de las constructoras por una que prime las necesidades reales de movilidad de la población. Se debe poner el énfasis en la mejora de los servicios de transporte, no en la construir más y más obra pública.
Entre tanto, debe paralizarse la construcción de nuevas infraestructuras que serán una ruina desde el punto de vista de la rentabilidad socioeconómica, como es el caso de muchas ampliaciones de puertos sin demanda, líneas AVE –mientras se deja morir el ferrocarril convencional– o nuevas autopistas sin tráfico. Sin olvidar que los estudios de coste-beneficios que venía justificando hasta ahora estas obras solo pueden calificarse como de tendenciosos y faltos de rigor, como la tozuda realidad muestra una y otra vez.
También es necesario un debate sobre los peajes en las autopistas. El transporte es ahora mismo el sector de nuestra economía que más emisiones de gases de efecto invernadero provoca, un 26 %, y la carretera es responsable de la gran mayoría de las emisiones. Sin nada que ponga coto al uso masivo del coche, y los peajes son una de las posibilidades, la situación no cambiará y no podremos cumplir nuestro compromiso internacional de reducción de emisiones. Ahora la situación es más injusta que un peaje público: el uso del coche se sufraga por toda la población, lo use o no. Además, seguimos construyendo autopistas y otras infraestructuras viarias cuando está más que anunciado el declive de los combustibles fósiles que mueven la mayor parte de nuestro parque móvil.
Para discutir estos y otros aspectos, Ecologistas en Acción solicitará una reunión al ministro en los próximos días.
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