Rechazado en el Congreso el dictamen con un amplio paquete de medidas sociales desde la Comisión para la Reconstrucción
- El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles el documento con medidas sociales por 175 noes frente a 172 síes aprobado por la Comisión para la Reconstrucción del país tras el Covid-19, mientras que han salido adelante otros dos textos con las conclusiones sanitarias y relativas a la Unión Europea.
- Vox, que se apeó de la comisión en su tramo final y se desvinculó de las votaciones anteriores, ha reaparecido este miércoles para votar en contra de los todos los dictámenes.
El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles el documento con medidas sociales aprobado por la Comisión para la Reconstrucción del país tras el covid-19, mientras que ha aprobado otros dos textos con las conclusiones sanitarias y relativas a la Unión Europea. La votación de las conclusiones económicas deberá repetirse.
Finalmente Vox, que se retiró de la comisión en su tramo final y se desvinculó de las votaciones anteriores, ha reaparecido este miércoles para votar en contra de los todos los dictámenes en el Pleno, contribuyendo así al poner en peligro el social y el económico, que no contaban con el apoyo del PP.
PSOE y Unidas Podemos intentaron salvar sin éxito el acuerdo, aunque el PSOE lo dejó caer tras no aceptar una enmienda de Bildu. El martes pactaron una enmienda transaccional con ERC a través de la cual intentaron matizar el dictamen inicial decía que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública», el texto final borró la mención a la educación pública. Este acuerdo con los independentistas enfadó a Ciudadanos, que adelantó que su voto sería en contra al considerar que el Gobierno quiere excluir a los alumnos que estudian en colegios concertados de las ayudas que se repartirán.
El texto con medidas sociales ha sido rechazado por 175 noes frente a 172 síes, siendo el único de los cuatro que no ha salido adelante. En concreto, el dictamen de política social ha sido rechazado por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PNV, Bildu, la CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro.
El BNG, que había anunciado voto en contra, se ha pasado a la abstención, pero no ha sido suficiente para salvar el texto global, que ha recibido el apoyo de 172 diputados. En el bloque del ‘sí’ estaban PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, el Partido Regionalista Cántabro, Nueva Canarias y Teruel Existe, aunque ha habido dos diputados que no han participado en la votación.
Desde Unidas Podemos han explicado que habían pactado una enmienda con Bildu para amarrar sus votos e intentar salvar las conclusiones sociales, pero que finalmente el PSOE ha rechazado ese pacto que comprometía a mejorar las pensiones mediante la revalorización con el coste de la vida, el aumento de las pensiones mínimas y la derogación del factor de sostenibilidad. Eso ha llevado a la coalición abertzale a mantenerse en el ‘no’ que había anunciado.
¿Qué medidas sociales se han rechazado?
El dictamen rechazado por los votos de los grupos políticos antes citados se centraba en fortalecer los pilares del sistema de bienestar y, en definitiva, en «la defensa de los servicios públicos, del sistema de cuidados y de los derechos sociales», que puedieran haberse visto perjudicados por la crisis de la Covid-19;
Erradicar la pobreza extrema en España e identificar a los colectivos vulnerables con el objetivo de facilitar su inserción social y económica. Asimismo, el bloque incluye una serie de resoluciones destinadas a proteger a niños y jóvenes afectados por la pandemia, «uno de los segmentos de población en situación de mayor riesgo, dados los graves efectos de la crisis sobre sus horizontes laborales», en el caso de los jóvenes que ya han sufrido dos crisis económicas.
En lo relativo a los derechos sociales, las propuestas de resolución eran las siguientes:
- Afianzar los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como a reforzarlos mediante el reconocimiento de nuevos derechos, como el relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos.
- Asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea.
Para reforzar la renta básica y garantías de rentas proponían:
- Reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital.
- Acordar con un modelo a través de itinerarios personalizados y de acciones de mejora de la empleabilidad, como instrumento de oportunidad para la incorporación al mercado laboral.
- Explorar la mejora del sistema de protección por desempleo.
- La actualización del IPREM, en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
- Financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través de una línea de transferencia con destino a la Seguridad Social.
Para paliar con la brecha laboral por cuestiones de género:
- Promover un pacto para racionalizar los horarios, con una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permita reorganizar los tiempos de trabajo, ocio y cuidados.
- Impulsar las vocaciones científico-técnicas entre las niñas, así como la incorporación de las mujeres en trabajos de economía digital y tecnologías de la información y comunicaciones.
- Garantizar la perspectiva de género en la capacitación digital del profesorado
- y alumnado.
- Impulsar acciones específicas para las trabajadoras del hogar, las mujeres
- del medio rural, así como otros colectivos altamente feminizados y precarizados.
- Explorar medidas que garanticen la autonomía económica de las mujeres
- a lo largo de toda su vida.
- Impulsar un nuevo Plan de apoyo a las mujeres emprendedoras.
Para erradicar la pobreza en España:
- Extender la duración de las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda.
- Poner en funcionamiento la Comisión de Seguimiento y el Consejo Consultivo del
- Ingreso Mínimo Vital.
- Reforzar la estrategia contra la pobreza energética y las medidas que actúan contra sus causas.
Para proteger los derechos de la infancia y violencia contra la infancia:
- Asegurar la alimentación de niños y niñas vulnerables durante el curso escolar mediante la aprobación de un umbral de renta estatal que garantice el derecho a esta alimentación en todo el territorio nacional.
- Adoptar las medidas necesarias para prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias y asegurar el apoyo y asistencia.
- Incrementar el apoyo y acompañamiento a las familias de acogida, y agilizar trámites y valoración en las situaciones de retirada de la guarda y custodia.
- Impulsar la atención temprana para todos los niños de 0-6 años con problemas evolutivos.
- Elaborar un Plan integral para defender a las niñas contra la violencia, que tenga en cuenta la violencia específica que sufren las niñas por su edad y género.
Respecto a la conciliación laboral, proponían elaborar una propuesta de «tiempo de trabajo corresponsable»:
- Situar la corresponsabilidad en el centro de las políticas de conciliación.
- Analizar la normativa laboral para evitar situaciones de discriminación laboral por la asunción de las responsabilidades de cuidado.
- Elaborar una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, derecho a la formación continua, derecho a la organización del tiempo de trabajo y la prevención de riesgos laborales.
Para proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad:
- Impulsar una propuesta de Ley de Diversidad Familiar, que proteja a las diferentes estructuras familiares.
- Impulsar medidas contra el racismo y la xenofobia, con especial incidencia en los delitos de odio.
Para ayudar a los más jóvenes y a su emancipación:
- Renovar y mejorar el programa de Garantía Juvenil, incluyendo la perspectiva de género.
- Elaborar el «Estatuto del Becario» que revise los contratos para mejorar las condiciones laborales y retributivas, y limitar el encadenamiento de períodos de prácticas.
- Adoptar medidas para garantizar el acceso a una vivienda sostenible a las personas jóvenes con viviendas protegidas.
- Aumentar el número y la cuantía de becas.
- Adoptar medidas para prestar atención a la salud mental de los y las jóvenes que, como
- consecuencia de la crisis del COVID-19, han sufrido altos niveles de estrés, ansiedad y depresión.
Para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones:
- Ajustar la normativa de la Seguridad Social a las circunstancias derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.
- Flexibilizar la forma de acceso de la ciudadanía, trabajadores y empresas a los
- servicios electrónicos de las administraciones públicas mediante sistemas de uso generalizado.
En cuanto a la vivienda:
- Mantener las plazas creadas durante la pandemia para atender a las personas sin hogar hasta que se habiliten otros recursos, con el fin de evitar que vuelvan a la calle.
- Estudiar medidas para contener las subidas abusivas de alquiler.
- Elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, que tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad.
- Supresión de barreras arquitectónicas en la vivienda que faciliten la convivencia de 1,8 millones de personas con movilidad reducida en España.
Para dar respuesta a la violencia machista:
- Reforzar la investigación y la prevención de todas las formas de violencia contra
- las mujeres.
- Elaborar un Plan de Sensibilización y Prevención de las violencias machistas, con
- dos ejes centrales: implicar al ámbito educativo en todas las etapas y abordar las violencias machistas en redes sociales.
- Impulsar la consolidación de la respuesta institucional para la protección de los
- derechos de las personas LGTBI
Servicios sociales y sistema de cuidados
- Elaborar un Libro Blanco de las profesiones de referencia de los servicios sociales y las relacionadas con los mismos, y, en general, con los servicios de cuidados.
- Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios sociales, marcando ratios de profesionales por habitantes.
- Poner en marcha de programas de formación de profesionales para cubrir la gran demanda de puestos de trabajo asociada a las medidas de este bloque.
- Desarrollar la Ley del Tercer Sector de Acción Social para regular el estatuto de las organizaciones sociales, así como el reglamento del voluntariado.
- Evaluar el impacto social de las subvenciones asignadas a las entidades del
- Tercer Sector para conocer el desarrollo de los proyectos, su impacto social y su avance.
- Evaluar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con especial atención al sistema de cuidados y a la atención en las residencias.
- Elaborar planes de contingencia para prevenir posibles rebrotes, con el objetivo de planificar con antelación las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores.
- Aumentar los servicios y recursos de apoyo a los distintos tipos de envejecimiento.
- Promover la coordinación de los sistemas sanitario y social, asegurando los derechos de las personas residentes en los centros.
- Adaptar el marco normativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Revisar el sistema de atención institucional.
- Impulsar medidas efectivas para la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas e instalaciones públicas.
- En un segundo bloque proponían reforzar también el sistema de cuidados, que tan esencial ha demostrado ser con la pandemia, «desarrollado fundamentalmente por mujeres, jóvenes y personas migrantes».
- En lo que respecta a los servicios sociales y a sus profesionales, establecían las siguentes propuestas:
- Para proteger al Tercer sector, a personas con dependencia y a los más mayores:
- Para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad:
- En lo que respecta a los menores tutelados, proponían lo siguiente para promover «un nuevo modelo de atención» en todo el territorio nacional:
- Potenciar mediante ayudas los programas de acogimiento familiar en la actual situación de inestabilidad económica y social de las familias.
- Elaborar las bases mínimas de los planes de contingencia y protocolos de actuación para que todos los centros con los recursos necesarios.
- Asegurar el acceso a los medios y servicios digitales en los centros residenciales de protección de niños, niñas y adolescentes.
- Desarrollar programas formativos para que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias en la utilización de las herramientas de las TICs.
Educación y juventud
- «La situación provocada por la epidemia del coronavirus ha alterado sustancialmente dinámicas e interacciones en el sistema educativo, comprometiendo el funcionamiento ordinario de las actividades escolares y tensionando la posibilidad de garantizar esos derechos», asevera el texto.
- Por ello, proponían una reconstrucción del sistema educativo que figurara como una «oportunidad de completar procesos que estaban en marcha» -como la digitalización de las escuelas y universidades, la atención a la diversidad, el
- refuerzo de las enseñanzas de Formación Profesional o el impulso del sistema de becas- y «corregir la desigualdad educativa y combatir el abandono prematuro».
- Para ello, proponían una serie de políticas educativas:
- Corrección de la brecha educativa: incrementar la inversión de la educación pública y aumentar los puestos escolares; reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos; impulsar la creación de una plataforma online con materiales y recursos compartidos que ayude a facilitar el trabajo en red del personal docente.
- Educar en equidad: elaborar un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública que garantice una oferta suficiente y gratuita para todos los niños y niñas
- menores de 3 años; luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad
- sociocultural y económica familiar o la discapacidad; impulsar los costes indirectos
- de la enseñanza obligatoria (libros de texto, material escolar, transporte, comedor…); crear un fondo urgente para actividades socioeducativas y lúdicas en el periodo estival.
- Educación especial: Aumentar profesionales especialistas en los centros ordinarios.en
- centros con alumnado con necesidades educativas especiales y dificultades de
- aprendizaje.
- Impulsar un plan de formación permanente y continua al profesorado para
- garantizar su competencia digital y su capacidad para hacer frente a escenarios de
- actividad educativa no presencial.
En el ámbito de las universidades proponían entre otras, estas medidas:
- Aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador, ligado a la nueva Ley de Universidades.
- Reforzar los estudios universitarios en especialidades donde hay carencia de recursos humanos claves en la etapa post-COVID.
- Plan de implantación de un sistema universitario híbrido (presencialdigital).
- Plan de Impulso de las instituciones universitarias como agente dinamizador de un nuevo modelo económico: modernización de las Escuelas de Magisterio, formación del profesorado en lo relativo a la transición ecológica, etc.
Y por último, para el sector del deporte:
- Elaborar un plan para garantizar que los deportistas que representan a España en los Juegos Olímpicos de Tokio puedan seguir entrenando en caso de nuevos rebrotes.
- Evaluar las posibilidades de que los eventos deportivos cuenten con público con la reanudación de las competiciones oficiales, mediante un protocolo que contemple las medidas oportunas para garantizar la seguridad.
- Impulsar una nueva ley del Deporte que lo reconozca como un derecho de ciudadanía e incorpore medidas relativas al deporte femenino y al deporte inclusivo.
- Garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en el ámbito deportivo con medidas como el fomento del deporte femenino, la prohibición de las cláusulas antiembarazo y la igualdad de los premios que reciban las categorías de cada sexo en competiciones deportivas que sean promovidas o financiadas por las administraciones públicas.
Aprobadas por mayoría las conclusiones sanitarias y relativas a la Unión Europea. Las económicas deberán repetirse en principio
El documento sobre reactivación económica, por su parte, ha salido adelante por tan sólo un voto pero después se anuló por una confusión en un voto telemático.
Por el contrario, los dictámenes sobre sanidad y Unión Europea han recibido vía libre con un amplio respaldo, puesto que los partidos que integran el Gobierno han recabado para ellos el apoyo tanto del PP como de Ciudadanos. El primero ha reunido 256 síes y el segundo ha alcanzado los 276 porque ha sumado también a partidos nacionalistas e independentistas.
En concreto, el documento sanitario ha sido avalado por PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Más País, Compromís y Nueva Canarias. Por su parte, Vox, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y la CUP han votado en contra, mientras que se han registrado tres abstenciones, una de ellas de Coalición Canaria.
Y las conclusiones que han contado con más consenso han sido las relativas a la Unión Europea, que han sido avaladas tanto por PP y Ciudadanos como por Junts, PNV, Más País, Compromis, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC, Foro Asturias y UPN. En el ‘no’ se han situado Vox, la CUP, Bildu y el BNG, mientra que ERC se ha abstenido.
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