Concentración en Gijón por la amnistía de los presos políticos en Colombia

DESDE SOLDEPAZ PACHAKUTI Y EL COLECTIVO DE REFUGIADOS/AS COLOMBIANAS EN ASTURIAS – LUCIANO ROMERO MOLINA invitan a la ciudadanía a participar en la concentración en  Gijón, JUEVES 25 de agosto a las 18 horas, frente a la estatua de Pelayo

El 25 de agosto del 2013 fue detenido en medio de una movilización el dirigente campesino colombiano HUBER BALLESTEROS GOMEZ, acusado por la Fiscalía del delito político de rebelión, mismo cargo por el que están presos 120 compañeros-as de su organización FENSUAGRO-CUT. Ballesteros es uno de los representantes del movimiento campesino e interlocutor con el Gobierno Nacional participó en el 2013 en una reunión con varios Representantes a la Cámara y el Presidente del Senado para buscar escenarios de diálogo entre el movimiento campesino y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Tres días después del encuentro la Fiscalía General de la Nación tramitó una orden de captura en su contra basada en un montaje judicial con el propósito de que el paro campesino perdiera fuerza, pero en realidad sucedió lo contrario.

Huber lleva preso tres años en la cárcel La Picota de Bogotá. No ha sido juzgado y no lo podrán condenar pues la «prueba» es la palabra de un testigo a sueldo de la Fiscalía usado para señalar y apresar a otros dirigentes sociales, pero le han negado la libertad por vencimiento de términos.

Así, la detención de Huber es un ejemplo del uso perverso de la justicia para perseguir dirigentes sociales y opositores pues Huber es miembro del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. Como dirigente sindical visitó varias veces Asturias. Denunció la guerra sucia contra el movimiento campesino y compartió la lucha por la reforma agraria del campesinado sin tierra.

Son miles los presos y las presas. En primavera de este año la XII Delegación Asturiana en visita de verificación del estado de los DDHH en ese país pudo verificar otro caso de uso perverso de la justicia. Se originó en Piendamó, territorio ancestral de La María, Cauca, el 14 de noviembre del 2008 cuando la Guardia Indígena del Pueblo Nasa detuvo a un cabo del ejército infiltrado en una movilización al que sorprendieron colocando prendas militares para inculpar como guerrilleros a los líderes indígenas.

El militar confesó, fue juzgado por la Jurisdicción Especial Indígena y condenado a recibir 20 azotes y un baño en plantas para armonizarlo. El gobierno y la Fiscalía reaccionaron condenando a 18 años de cárcel -por tortura y secuestro a un militar- a FELICIANO VALENCIA, líder indígena del pueblo Nasa, miembro del Equipo de Paz de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, portavoz del Movimiento Político y Social Congreso de los Pueblos.

El juez de primera instancia no encontró a Feliciano autor ni coautor de esos delitos, pero un tribunal lo condenó como exigía la derecha latifundista y paramilitar del Cauca. Feliciano paga condena en el Centro Indígena de Armonización Gualanday, resguardo indígena de Munchique-Los Tigres, municipio de Santander de Quilichao.

Trato similar recibieron cuatro integrantes de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano, DHOC, detenidos y acusados de secuestro por haber mediado en la entrega de un grupo de policías capturados por los campesinos cuando agredían a las gentes movilizadas durante el paro agrario del 2013.

El gobierno colombiano anuncia la paz y apresa a sus opositores, no desmonta los grupos paramilitares y no da garantías para la vida de las personas que defienden los derechos humanos, 63 de las cuales fueron asesinadas el año pasado (18 sindicalistas de la CUT) y este año pasa de 36 las asesinadas. Hace dos meses el Escuadrón Antidisturbios de la Policía asesinó a tres indígenas movilizados en la Minga Étnica Campesina y Popular y dejó decenas de heridos pues es tan frecuente como impune el que disparen contra la población movilizada sus cartuchos de gases recalzados con metralla.

Cerca del fin del conflicto con las FARC Colombia necesita una ley de amnistía e indulto general que cobije a las 9.500 personas prisioneras de guerra y de conciencia sometidas a condiciones terribles, ilegales de reclusión.

Es necesario un Movimiento Pro Amnistía y acciones solidarias por su libertad, pues los presos-as políticos-as entraron en desobediencia y se están cosiendo los labios y declarándose en huelga de hambre en todo el país ante el trato cruel, ilegal, inhumano y degradante que reciben. Sin visita familiar, sometidos a traslados y golpizas por protestar, muchos no tienen asistencia jurídica; están hacinados hasta grados increíbles, miles no tienen acceso al agua, ni a servicios de salud, ni a medicamentos. Este año han muerto varios presos en las cárceles por falta de asistencia médica oportuna, y según la Fiscalía, al menos 400 fueron prisioneros políticos fueron asesinados en prisión por la guardia penitenciaria y por los paramilitares. Sus cuerpos troceados fueron botados en las alcantarillas de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, o servidos como alimento a los cerdos.

Contra la población carcelaria colombiana se usa la tortura y se aplica la pena de muerte de facto por un sistema penitenciario negligente, corrupto, criminal, cooptado por el paramilitarismo, inmerso en un caos administrativo que viola Convenios, Tratados Internacionales, Leyes y normas básicas de Derechos Humanos.

Por la dignidad de las presas y presos políticos colombianos, por los DDHH de las personas privadas de libertad por su activismos social y político,

TE ESPERAMOS EL JUEVES 25 A LAS 18.00

LIBERTAD PARA PRESOS Y PRESAS POLÍTICAS EN COLOMBIA.