El Gobierno de Canarias determina que no existen argumentos para denegar la autorización de vertidos al mar de la futura granja de pulpos

 Así lo ha comunicado el Partido Animalista PACMA según una respuesta recibida a cuenta de las alegaciones presentadas por la previsible y, aún, incuantificable cantidad de desechos que generará la futura granja de pulpos que prevé ubicarse en Gran Canaria.

«Un proyecto de acuicultura de las características de la granja de pulpos Nueva Pescanova debe de contar, al menos, con tres autorizaciones del Gobierno Canario: licencia de impacto ambiental; autorización de vertidos de tierra al mar y concesión de dominio público portuario en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas» explica la abogada colaboradora del Partido Animalista, Marta Muntada. Las alegaciones de PACMA se formularon en el procedimiento de autorización de vertidos de tierra al mar, que es donde ha habido trámite de exposición pública, ya que este permiso contempla la autorización a la empresa de poder verter residuos «de manera controlada” alcanzando la cifra de 4,45 m3/segundo. Anualmente, unos 140.335.200 de m3».

«Aunque la resolución que hemos recibido de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente indica que la autorización de vertidos está en suspenso por falta del previo y preceptivo informe de compatibilidad con la demarcación marina Canaria sería sorprendente que finalmente este fuera desfavorable y no se autorizara el vertido», advierte.

Para la formación política animalista, la resolución es «desconcertante». «En términos jurídicos es lo que se denomina «incongruente», es decir, que no hay correspondencia entre lo alegado y lo resuelto. Se limita a referencias genéricas y a decir que las alegaciones que se han formulado no tienen relación con los vertidos».

La única cuestión tratada en el documento remitido indica que no se han tenido en cuenta las subsanaciones de nueva Pescanova, cuando esto, según PACMA, no es cierto: «la fundamentación de la autorización indica que los estudios aportados por Nueva Pescanova son teóricos, al no encontrarse en funcionamiento la actividad, por lo que los vertidos ya se controlarán con el PVC (programa de vigilancia y control), a posteriori».

Respecto a esto, el partido ha insistido en que «se desconoce absolutamente el impacto que puede tener el vertido ya que la propuesta de Nueva Pescanova no valora a fondo las consecuencias y sus riesgos, lo que ya sería motivo suficiente para denegar la autorización. Pero además, dada esta falta de concreción y la magnitud del proyecto, una vez en funcionamiento las consecuencias serían muy difíciles de revertir«.

PACMA indica que no es «verosímil ni aceptable» que se señale que no van a utilizarse antibióticos cuando la “producción” masiva de animales en tanques producirá enfermedades de manera inevitable. «El uso de antibióticos será una realidad, así como su vertido a las aguas del puerto», apuntan.

Ausencia de información sobre el uso de fármacos que acabarán en el mar

«Consideramos muy grave la falta de evaluación del uso de fármacos (antibióticos y hormonas para el crecimiento) en los cambios de la flora microbiana, sus efectos tóxicos en los organismos salvajes, alteraciones en la biodiversidad, etc.». Afirman que «incluso suponiendo que no van a usarse, es evidente que adolecería de inconcreción y riesgo, pues debería indicar qué tratamientos están previstos y realizar un estudio de los medicamentos alternativos a los antibióticos que se usarán en estos casos y que inevitablemente formarán parte de los vertidos».

El interés de implantar rápidamente un proyecto puede conllevar daños irreparables, sentencian: «cuando decimos daños irreparables nos referimos a la destrucción del litoral, su fauna y vegetación, causando perjuicios en otros sectores tan importantes para Canarias como el turismo, la pesca, el medio ambiente y potencialmente a la salud humana, fauna y flora marina y el bienestar animal».

PACMA apunta que los perjuicios del proyecto serían sociales, ambientales, culturales, de salud pública y, en consecuencia, económicos generales para la población canaria.

En la resolución nada se indica respecto al impacto de vertidos en las zonas especialmente protegidas en Canarias y que estaría totalmente prohibido. El proyecto está a 700 metros de una zona protegida: «esta distancia en términos marítimos no es nada; por su ubicación no puede considerarse que los vertidos no tendrían ninguna repercusión sobre el medio y las especies marinas vegetales y animales. Habría que tener en cuenta además las modificaciones del hábitat de ciertas especies y ecosistemas y a las relaciones existentes entre las redes tróficas».

PACMA asegura que la ubicación de los vertidos se encuentra en lo que se ha designado por ley como “libre de acuicultura”; una zona ZP, que según el art 4.1 DECRETO 102/2018, de 9 de julio, carecen de aptitud para la actividad, algo a lo que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial no ha dado respuesta.

Desde PACMA critican que esta «pintoresca» situación se esté dando en un archipiélago con «problemas bastante graves y sin solucionar en relación a la cantidad de vertidos que se arrojan al mar».

Sumando los datos de Grafcan: 209 puntos de vertidos al mar en Tenerife (136 no autorizados); 148 (100 no autorizados) de Gran Canaria; 55 (36 no autorizados) en Fuerteventura; 47 (35 no autorizados) en Lanzarote; 27 (21 no autorizados) en La Palma; 14 (9 no autorizados) en La Gomera, y el pleno de 5 no autorizados en El Hierro. Un total de 342 no autorizados de 505 puntos de vertidos al mar. Es decir, un 67,7% de los vertidos en Canarias no están autorizados.