Redacción •  Actualidad •  23/12/2021

Aprobada en el Congreso la Ley de Residuos y Suelos Contaminados

  • El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que transpone las directivas europeas y, mediante impuestos y modelos alternativos de recogida, aspira a reducir en 2030 la producción de desechos en un 15 % respecto a 2010.
  • Juan López de Uralde: Hoy en el Congreso hemos aprobado la nueva ley de residuos que introduce cambios clave en la gestión de residuos, como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) un sistema con altos índices de éxito en Europa, y una reivindicación que era ya un clamor desde hace años.
Aprobada en el Congreso la Ley de Residuos y Suelos Contaminados

El pleno del Congreso ha aprobado hoy el dictamen sobre el proyecto de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se aprobó la pasada semana en la Comisión de Transición Ecológica.

Gracias a Unidas Podemos, esta ley va a poner en marcha el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases, el SDDR, un sistema de gestión de residuos, de envases, en este caso, que ya funciona en muchos países de nuestro entorno con tasas de éxito en la recuperación “por encima del 95 %, como en el caso de Alemania”, tal y como ha destacado el coordinador federal de Alianza Verde, y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos durante su intervención en el pleno.

“El modelo actual no está resolviendo los problemas, los sistemas actuales de gestión de los residuos no están siendo suficientes para abordar esta problemática”, lamentó López de Uralde, “de ahí la importancia de esta nueva ley y de ahí la importancia de la introducción de nuevas estrategias y de mejoras que van a la profundización estructural de la actual política de residuos”.

En concreto, se felicitó por la puesta en marcha del SDDR, “ya que la razón detrás de esta ley es que no se han cumplido los objetivos que la Directiva marcaba, y por tanto, aunque el sistema de depósito está condicionado al cumplimiento de unos objetivos, estos objetivos no se están cumpliendo”. “Ya era hora de la entrada en vigor de este sistema que será una mejora sustancial del actual sistema de gestión de residuos”, indicó López de Uralde, para quien “es motivo de celebración que el SDDR se ponga en marcha en nuestro país” y alentó a que se haga cuanto antes, ya que es “una reclamación de la opinión pública”.

Con este sistema, destaca López de Uralde, “se va a recuperar una forma de consumir mucho más responsable, en la que uno se va a responsabilizar directamente de sus propios envases llevándolos a su máquina de reciclar”.

Además, ha querido destacar otros avances de la ley, como la prohibición de determinados plásticos de un solo uso “que dañan gravemente nuestro medio ambiente y nuestro medio marino”; la recogida separada, en origen, de la materia orgánica, o la obligación de la retirada del amianto de todas las infraestructuras antes de 2028.

Una alternativa al contenedor amarillo

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), podría imponerse a nivel nacional y partir de 2023 en caso de no cumplirse los objetivos que recoge la ley: que en esa fecha se recoja de manera separada y “para su reciclaje” el 70% (en peso) de las botellas de plástico introducidas en el mercado.

Esta parte del texto se ha quedado “a medio camino” de lo que había propuesto inicialmente en su enmienda Más País-Verdes-Equo, según ha advertido en el hemiciclo su diputada Inés Sabanés, pues su formación, que ha votado a favor de la ley, pedía la implantación de este modelo a nivel nacional sin condiciones, algo que finalmente queda recogido, pero supeditado al cumplimiento de las metas de reducción.

Nuevos objetivos de reducción de residuos

La Comisión Europea, en su Paquete de Economía Circular, pide que en 2025 se recicle al menos un 65 % de los envases comercializados, así como un 75 % del papel y el cartón, un 50 % de los residuos plásticos y de aluminio, un 70 % de los metales ferrosos y residuos de vidrio y un 25 % de la madera.

Bajo la premisa “quien contamina, paga”, la Ley fijará nuevas tasas a partir de enero de 2023: un impuesto sobre el vertido e incineración, y otro que gravará la producción de plásticos con 0,45 euros por kilogramo de este material en los productos.

Para Esther Padilla Ruíz, del Grupo Socialista, este proyecto de ley es la “piedra angular” de un proceso ambicioso de revisión de la normativa de residuos, dirigida a hacer posible una transición justa, para promover la protección del medio ambiente y las transformación del sistema productivo.

La diputada socialista ha explicado que la introducción de la fiscalidad ambiental en este proyecto con entrada en vigor en 2023, ha suscitado en otros grupos político grandes quejas, que, sin embargo para su formación representa la inexistencia de vocación recaudatoria de este Gobierno.

“Lejos de las quejas de otros partido, los impuestos en este proyecto no tienen vocación recaudatoria, todo lo contrario: para el Gobierno lo importante es que cuanto menos se recaude será mejor, porque eso significará que las empresas están contribuyendo con el objetivo de reducir los residuos y mejorar su gestión”, ha explicado Padilla.

*Con información de Agencias. 


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