IU propone en la FEMP una enmienda a los Presupuestos del Estado para eliminar las limitaciones que quedan de la ‘Ley Montoro’ a la hora de contratar personal
Juan Bermúdez, alcalde de Conil de la Frontera y representante de Izquierda Unida en la Comisión Nacional de Administración Local de la FEMP, advierte de que las medidas impuestas en plena crisis aún vigentes causan una “pérdida de calidad en la prestación de servicios públicos a los administrados, además de impedir el rescate de servicios públicos privatizados en muchos ayuntamientos”.
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Izquierda Unida, a través Juan Bermúdez Escámez, alcalde de Conil de la Frontera (Cádiz) y representante de IU en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha registrado ante esta instancia que agrupa a todas las entidades locales del Estado para que la apruebe una propuesta de enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 para “suprimir del Título III de los gastos de personal toda referencia que suponga un recorte a la autonomía organizativa de los ayuntamientos recogida en la Constitución Española en lo concerniente a la organización de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los servicios públicos básicos recogidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”.
El proyecto de PGE presentado por el Gobierno del PSOE, que está en fase de tramitación en el Congreso, sigue regulando la oferta de empleo de los ayuntamientos y su tasa de reposición de efectivos, como se impuso en la denominada ‘Ley Montoro’. IU considera que, pese a las novedades incluidas ahora, en especial en temas de reposición, “aunque sean bien recibidas por los ayuntamientos, no son suficientes y, además, no servirán para muchos de ellos, en especial para los pequeños, ya que al disponer de pequeñas plantillas no podrán ni mejorar ni ampliar la prestación de servicios ya que la tasa de reposición no beneficia prácticamente en nada a los mismos”.
IU aspira a que la FEMP haga suya esta enmienda y que se la presente a los distintos grupos parlamentarios para que, a su vez, la defiendan en el Congreso. Además, a la espera de cuál sea el resultado de la tramitación abierta en la Federación Española de Municipios y Provincias, Izquierda Unida no descarta hacer lo propio a través de su grupo parlamentario confederal.
Juan Bermúdez, que formalizó esta mañana la iniciativa, incide en que “las políticas de austeridad dirigidas en los últimos años a restringir el gasto público para minimizar el papel de las instituciones públicas en la economía y tendentes a privatizar los servicios públicos han afectado sensiblemente a la cantidad de personal al servicio de las Administraciones Públicas, en especial al de la Administración local. Ésta es la que en valor absoluto más pérdida de empleo público ha tenido desde enero de 2010”.
El dirigente andaluz de IU destaca que esta situación “ha generado una reducción en el volumen y pérdida de calidad en la prestación de servicios públicos a los administrados, además de impedir el rescate de servicios públicos privatizados en muchos ayuntamientos”.
Izquierda Unida expone en su propuesta de enmienda registrada hoy en la FEMP que mientras no se cambie el Capítulo I de personal y la tasa de reposición siga afectando solo a determinados sectores “difícilmente podemos dar respuesta al aumento de los servicios públicos que son necesarios en los municipios y que por diferentes circunstancias hacen necesario la ampliación de la plantilla de personal”.
Juan Bermúdez considera que “son muchos los ayuntamientos que tienen capacidad económica suficiente para generar empleo y, sin embargo, ven cortadas sus pretensiones por leyes injustas que pretenden adelgazar el sector público para dar cabida a otras formas de gestión que suponen un mayor esfuerzo económico a los ayuntamientos y, por lo tanto, son negativas para los intereses de ciudadanos y ciudadanas”.
El alcalde de Conil de la Frontera y representante de IU en la Comisión Nacional de Administración Local de la FEMP entiende que, por todo ello, “es necesario adoptar adicionalmente otro tipo de medidas que en virtud a una plena autonomía organizativa de los municipios busquen el objetivo de mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y mejorar la prestación de los servicios públicos”.