Ecologistas en Acción denuncia que se siga autorizando la caza durante el estado de alarma
- Además de Castilla y León, que ya ha rectificado, hay al menos dos comunidades autónomas, Galicia y Asturias, que de forma irresponsable autorizan actividades cinegéticas con la excusa de los daños a la agricultura.
- Ecologistas en Acción considera que la caza no sirve para controlar poblaciones ni para evitar daños a la agricultura y la ganadería.
- La organización ecologista reclama un análisis objetivo y riguroso del problema. Se deben aportar soluciones a largo plazo basadas en la gestión del hábitat y en la autoprotección de las explotaciones.
Ecologistas en Acción denunció que la Junta de Castilla y León había autorizado la práctica de la caza en determinadas condiciones en pleno confinamiento de la población, lo que provocó la rectificación de esta administración. Pero este caso también se está produciendo en otros territorios. Galicia y Asturias han publicado medidas de emergencia sanitaria que permiten excluir determinadas prácticas cinegéticas del régimen de confinamiento que establece el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma en España.
En el caso de Castilla y León, la reacción social y las acertadas alegaciones de los agentes forestales ha conseguido que la Junta se haya visto obligada a anular la circular que permitía la caza. Los argumentos legales son claros, pero lo son también los técnicos y sanitarios.
Desde el punto de vista legal, la caza no puede excluirse de las actividades que implican confinamiento. Es una actividad de ocio, económica y no de primera necesidad. Tampoco forma parte de la actividad agraria, como ha pretendido argumentar la Junta de Castilla y León.
Por otra parte, es notorio que las autorizaciones excepcionales que se dan a los cazadores por presuntos daños en los cultivos o en las explotaciones ganaderas se han convertido en algo sistemático que ha generado un nuevo negocio al margen de la temporada regular de caza que acaba de terminar.
Finalmente, quienes tendrían que vigilar la adecuada utilización de esos permisos extraordinarios, los agentes medioambientales y forestales, son un personal escaso, que debiera poder atender asuntos más importantes que vigilar cazadores y que, como han denunciado varias asociaciones, no disponen de los equipos de protección individual para el caso de que tuvieran que intervenir armas, denunciar o detener a infractores.
Detrás de toda esta cuestión subyace la obsesión por los posibles daños que puedan generar algunas especies cinegéticas. Para su control se recurre una y otra vez a los cazadores, a pesar de que no solo no ayudan a ese control, sino que contribuyen a las superpoblaciones. Persiguen a los depredadores naturales y, sobre todo en el caso del jabalí y otros ungulados, no dudan en alimentarlos artificialmente o en repoblar en busca de los mejores y más numerosos trofeos.
Es entendible que pueda haber situaciones puntuales en las que agricultores y ganaderos sufran algún perjuicio por la presencia de especies cinegéticas, pero para ello hay medidas de autoprotección que son verdaderamente eficaces. Tal vez sea el momento de asumirlas de una vez y de pedir a las Comunidades Autónomas y al Estado que ayude de forma más decidida en aquellos casos más justificados.
Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita:
· Que todas las autoridades establezcan con claridad la prohibición de salir a cazar, sea en la modalidad que sea, en el estado de emergencia.
· Que Galicia, Asturias, u otros territorios que las puedan tener, retiren las normas, circulares o instrucciones que permiten la caza en los momentos actuales.
· Que, en el caso de que las comunidades no actúen, sea el Gobierno central quien actúe, retirando las normas ilegales y denunciando judicialmente a los responsables de su aprobación.
· Que las administraciones se replanteen la gestión que hacen de las poblaciones de especies de caza, asumiendo que esta actividad no ayuda a controlar las poblaciones. Se puede y se debe afrontar el problema de los daños de una manera objetiva, con medidas de gestión del hábitat y de protección de las explotaciones que son efectivas a largo plazo.
· Que se establezca un sistema de seguros frente a daños accesible y garantista para agricultores y ganaderos que tomen medidas de autoprotección.
Relacionado
