Izquierda Unida pide la intervención de la Junta en las residencias geriátricas privadas de CyL

Valladolid, 24 de marzo de 2020. Carmen Franganillo, portavoz del área de salud de IUCyL asegura que en la última semana les están llegando multitud de denuncias de personal de las residencias y de familias denunciando tanto la desinformación sobre los casos de pacientes con coronavirus en estas residencias como de falta de protocolos de seguridad en las mismas. Carmen Franganillo declara que “en León, alguna residencia ha llegado a despedir a trabajadores por negarse a continuar desempeñando su labor en malas condiciones, como es el caso de Piedras Blancas, noticia que nos ha llegado a través de un sindicato.” “En Palencia, las residencias de San Bernabé y San Antolín llevan tres muertos, pero no computan por Coronavirus porque no se les hizo la prueba como tampoco se han realizado los test a los tres fallecidos en Soria. En este fin de semana pasado, el número de fallecidos confirmados se duplicó, oficialmente hasta 45. Al no hacerse pruebas a la mayoría de personas enfermas en las residencias, el número de casos está infravalorado.” “Además, hemos conocido que en provincias como Salamanca se dan órdenes no escritas a primaria de no derivar al hospital.”

“Hay casos confirmados en muchas residencias de toda la CCAA, sin embargo, lo que más nos preocupa son los casos ocultos en los que ni siquiera se hacen test ni se toman medidas.” “Un residente de San Bernabé, de edad muy avanzada, falleció anoche debido a las complicaciones derivadas del coronavirus, según confirmó a Diario Palentino el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo. El paciente era uno de los seis que declarados ayer como positivo. Hay que recordar que en esta residencia fallecieron entre el sábado y el domingo otros tres residentes, sospechosos de haber contraído el coronavirus, aunque la Junta no les considera fallecidos por la pandemia puesto que los tres no fueron sometidos a las pruebas oficiales.”

Francisco, coportavoz del área declara que “ por lo que respecta a la Residencia Hijas de San Camilo en Santa Marta, Salamanca, no es normal que hace poco más de 72 horas se lanzara un SOS por parte de familiares residentes, que 48 horas después, por mediación del alcalde del municipio, se señalara la estabilización de la situación y que, sin embargo, los responsables de la Residencia rechazaran sin mayores explicaciones a dos voluntarias que desde los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León se les enviaron. Hoy nos levantamos con la tremenda noticia de estos 4 abuelos y abuelas muertos por el virus y otros 7 por causas pendientes de confirmación.”

“En la casa de Beneficencia de Valladolid, gran parte de los residentes presenta síntomas, pero no se les ha hecho la prueba más que a una veintena. Según los trabajadores ya son 8 los mayores fallecidos, y se están muriendo allí, sin ser ingresados, y sin que los familiares, al menos hasta hoy, conozcan bien su situación. Parte de la plantilla está en casa con síntomas, la que sigue trabajando está exhausta y se siente abandonada e impotente. Se tuvieron que hacer EPIS con bolsas de basura por la falta de material.»

Para IUCyL, “es muy grave que en estos momentos se estén produciendo en estas instituciones ERTEs, petición al personal de reducciones de jornada en todas las provincias de vacaciones, etc. Por eso solicitamos que la Junta tome medidas urgentes y aplique la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo en cuanto a medidas aplicables en los centros de servicios sociales de carácter residencial.”

Textualmente, del BOE; “Los centros …deberán mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna que, en relación con la situación de emergencia originada por el COVID-19, conlleve el cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que la autoridad competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias concurrentes, que el mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible….designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros. BOE Núm. 81, 24 de marzo de 2020“.

Los datos de todas las provincias sobre este tema son lo suficientemente alarmantes como para que se tomen medidas contundentes.

IU quiere recordar que “el impugnado Reglamento de geriatría de la Junta de CyL fue un instrumento de precarización inaceptable, sobre todo cuando los precios de estas residencias son realmente altos e inaccesibles para la mayor parte de la clase trabajadora, y que condujo a una desprofesionalización del sector y a la falta de personal. Queda patente hoy que estos servicios deben estar gestionados desde lo público.” “En aquella ocasión ya denunciamos la precariedad en las residencias Bellavista.”

Desde Izquierda Unida, pedimos a la Junta la aplicación de medidas de control inmediato de las residencias geriátricas y su medicalización inmediata, con el fin de minimizar los daños que puedan sufrir las personas afectadas. Desde Izquierda Unida apostamos por la gestión pública de todas las residencias como medida de cara al futuro, dado que sólo lo público es garante de eficacia en este tipo de servicios, como hemos podido constatar.