Organizaciones ciudadanas y ecologistas recurrirán la Operación Chamartín

Ante el anuncio de la inminente aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Madrid en el ámbito correspondiente a Madrid Nuevo Norte (Operación Chamartín), por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el 25 de marzo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte (que agrupa a la mayoría de asociaciones vecinales del ámbito afectado) reiteran su rechazo a esta operación, por constituir un despropósito urbanístico que persigue ante todo, trasladar suelos públicos a entidades privadas – BBVA y Constructora San José- por un precio irrisorio -2.000 millones a pagar en 20 años- comparado con los beneficios que van a lograr. La operación asegura un negocio especulativo a costa del bien común, y contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la gestión urbana por parte de las administraciones públicas.

Además, en las condiciones de absoluta excepcionalidad en que se encuentra el país en estos momentos, cabría esperar que las administraciones regional y local de Madrid se abstuvieran de adoptar decisiones de este calado y con este grado de controversia social.

Hay que recordar que la oposición de estos colectivos a Madrid Nuevo Norte no es nueva: en 2018 recurrieron la aprobación inicial del Gobierno de Ahora Madrid a la Modificación Puntual (contra la que se habían presentado 3.500 alegaciones), pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó por considerar que no era el momento adecuado. Había que esperar a la aprobación definitiva.

Una propuesta medioambientalmente insostenible

Madrid Nuevo Norte establece una desmedida edificabilidad, sobre todo en uso terciario para oficinas (equivalente a unas 20 torres del tamaño de los cinco rascacielos existentes en la prolongación de La Castellana), que producirá unos fuertes impactos medioambientales en toda la ciudad y en el espacio metropolitano.

Además, desaprovecha las posibilidades que ofrece este suelo estratégico, con gran potencial como parque de los distritos de Chamartín y Fuencarral para la creación de un corredor natural norte-sur, conectando la ciudad con el monte de El Pardo. En cambio, maciza hasta la saturación con urbanización y edificación el espacio hasta tal punto que la zona verde debe implantarse sobre una losa de hormigón encima de las vías del tren porque no cabe en el resto de suelo.

A su vez, requiere la destrucción de infraestructuras y tejidos industriales en perfecto uso, siguiendo un modelo de hacer ciudad irracional e ineficiente, basado en el derroche energético y de recursos.

Por otro lado, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid prometen 250.000 puestos de trabajo ficticios –simplemente se trasladarían puestos de trabajo si se realizara la operación- mientras destruyen tejido industrial real.

Atenta contra la equidad social y el equilibrio territorial

A pesar de la gran oportunidad que supone el que la mayor parte del suelo (más del 70%) sea público, no se contempla la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler – máxima prioridad social ante la actual emergencia habitacional madrileña -, sino únicamente una parte de vivienda con algún grado de protección que no resulta asequible para las franjas sociales más desposeídas, en particular los y las jóvenes.

En lugar de utilizar la abundancia de suelo disponible para reequipar los barrios adyacentes, algunos de ellos con serias carencias dotacionales (San Cristóbal, Fuencarral, Begoña…), cumple ramplonamente los estándares legales dotacionales.

Desde una perspectiva metropolitana, viene a profundizar o agravar los desequilibrios territoriales existentes, que se resumen en un arco norte-noroeste de rentas medias-altas y concentración de actividades económicas y empleo de calidad; frente a un arco sur-sureste de barrios dormitorio y carencia de empleos.

Bienes públicos malbaratados

Debido a la nefasta gestión realizada por RENFE-ADIF, una actuación inicialmente destinada a la remodelación y ampliación del nodo ferroviario de Chamartín de esta cuña de la ciudad, ha devenido en un instrumento especulativo por parte de la sociedad concesionaria, gracias a la sucesión de mejoras en las condiciones de concesión y a la retención de los suelos a lo largo de más de 25 años. Ahora, la sociedad concesionaria, Distrito Castellana Norte, sin haber realizado inversión ni obra alguna, va a recibir unos activos públicos a menos de la mitad de su precio de mercado y financiados a 20 años por la propia administración, con el consiguiente quebranto de la hacienda pública.

Incertidumbres técnicas y financieras

Aunque de momento no se ha publicado el contenido de la Declaración Ambiental Estratégica emitida por la Consejería de Medio Ambiente al documento definitivo, sí se conoce el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, emitido con anterioridad a la aprobación inicial. Ese documento de alcance establece una abundante cantidad de reparos y condiciones que no se han podido corregir por parte del Ayuntamiento de Madrid. Si se hubieran corregido, los cambios habrían sido sustanciales por lo que el proyecto se debería haber sometido nuevamente a información pública, trámite que no se ha realizado.

Esos reparos afectan tanto al diseño como a los costes de urbanización y cuestionan la viabilidad misma de una operación que, al estar pilotada por una sociedad privada cuyo interés es esencialmente lucrativo, ofrece un enorme margen de incertidumbre, sobre todo en términos de cargas ocultas a afrontar por las administraciones públicas.

Además, siendo el principal objetivo real de esta operación la revalorización del suelo, y dada la ausencia de demanda para la disparatada cantidad de oferta terciaria prevista, nos enfrentamos a decenas de años con unos suelos expectantes sin uso o función social alguna, siendo las anunciadas inversiones y creación de empleo una simple ilusión sin fecha próxima. De hecho, en los últimos meses hemos podido presenciar amagos de compra-venta de unos derechos aún teóricos entre operadores financieros e inmobiliarios, demostrando que su interés son las plusvalías especulativas y no el desarrollo de la operación.

La sombra de la corrupción

El carácter lesivo de la operación para el interés general se demuestra por su recalcitrante opacidad. Sólo tras la reclamación de la sociedad civil ante los tribunales accedió RENFE-ADIF, a principios de 2019, a publicar parte de la documentación ocultada a lo largo de los años sobre esta operación. De esta manera se tuvo acceso a informes internos negativos en relación a la concesión a Distrito Castellana Norte (DCN), anterior Desarrollo Urbanístico de Chamartín (DUCH), que fueron incomprensiblemente ignorados por los responsables de dicho organismo público.

La operación está además contaminada por las tramas de corrupción y conspiración desveladas en los últimos meses que han afectado a la cúpula del BBVA (propietario mayoritario de DCN), y a la propia gerencia de DCN, con la participación de personajes como el excomisario Villarejo.

Todas estas dudas se podrían haber resuelto fácilmente con la no renovación de la concesión que vencía a finales del año 2018, opción perfectamente justificada y sin embargo descartada por el gobierno sin explicación alguna.

Recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva de Madrid Nuevo Norte

Ahora, ante su Aprobación Definitiva, Ecologistas en Acción, la FRAVM y la Plataforma Zona Norte reafirman su compromiso de seguir oponiéndose a Madrid Nuevo Norte, presentando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la aprobación definitiva, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.