Ayuso asesta un nuevo golpe la educación pública en Madrid con el cierre de 233 aulas

CCOO ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que reflexione sobre las graves consecuencias de la estrategia sin precedentes que lleva a cabo para debilitar la educación pública en Madrid a favor de la privada, en manos mayoritariamente de la Iglesia. El sindicato le exige que de marcha atrás en la decisión de cerrar 233,5 aulas públicas, una decisión tomada antes del proceso de escolarización del curso 2022-2023 iniciado ayer y que supondrá la pérdida de 6.200 plazas públicas, y también, tirando a la baja, una reducción de al menos 395 puestos de trabajo de docentes.

“Cierran aulas públicas antes de que las familias tengan la oportunidad de elegir, condicionando así el proceso de escolarización, dejando sin plaza pública a miles de familias y abriendo terreno para el crecimiento de la educación privada”, ha resumido Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

La Consejería no cumple

CCOO acusa a la Consejería de Educación de incumplir el Decreto de libertad de elección de centro escolar. De hecho, el sindicato está pendiente del fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el proceso de escolarización del curso pasado en Madrid Capital y Madrid Este, que está judicializado. Para que se entienda, el Decreto obliga a la Comunidad de Madrid ha reorganizar la oferta escolar en la red de centros públicos en función de las preferencias expresadas por las familias en procesos anteriores, pero la Consejería no solo hace oídos sordos, sino que practica lo contrario. “En Madrid capital, CCOO ha detectado unos 60 centros públicos en los que harían falta al menos abrir una unidad más porque así lo demandaron las familias. A pesar de tener la oportunidad de corregir el desfase, el Gobierno regional no lo hizo. Y para colmo, este año, no solo no se ofertan las unidades que demandan las familias, sino que se cierran muchas más. Es gravísimo”, indica Galvín.

La responsable sindical recuerda a las familias madrileñas que la única enseñanza que garantiza a sus hijos e hijas “calidad, gratuidad e igualdad de oportunidades, sea cual sea su nivel de renta, es la pública”, al tiempo que advierte que “Madrid pagará con mayor segregación escolar, mayor desigualdad y menos cohesión social la infame política educativa del PP”.

Galvín ha hecho alusión al coste, incluso en vidas, que han pagado los madrileños y madrileñas por la privatización en la Comunidad de Madrid de servicios públicos tan fundamentales como la sanidad y el cuidado de los mayores. “Están haciendo lo mismo con la educación”, asegura.

Menos aulas, menos docentes

De las 233,5 aulas que van a desparecer, 144 son Primaria y 89,5 de Secundaria, lo que se traduce en una pérdida de 3.600 plazas en Educación Infantil y Primaria y de 2.680 plazas en ESO y Bachillerato. Por tanto, el total de plazas públicas que se han recortado antes de que las familias puedan elegir asciende a 6.200.

El daño que provoca el cierre de aulas se extiende también a la plantilla docente. Estimando a la baja, sostiene Galvín, este cierre de aulas supondrá la pérdida de al menos 395 puestos de docentes en la Comunidad de Madrid. “A ese número habría que añadir la plantilla y los recursos propios del alumnado con necesidades educativas especiales. No es un recorte puntual de plazas y plantilla, sino la repetición de una tendencia general al adelgazamiento de la enseñanza pública que lleva décadas guiando la política educativa del PP madrileño”.

Manipulación oferta/demanda

El motivo por el que la Consejería de Educación no ha esperado a que termine el proceso de escolarización para ver cuál es la demanda y en función de la misma decidir si cierran o no aulas está muy clara para CCOO: “Porque saben que las familias madrileñas demandan educación pública, porque saben que si prestan atención a la demanda real no podrían cerrar ni muchísimo menos 233 aulas en nuestra Comunidad, al contrario, tendrían que construir los centros públicos que llevan años de retraso. Por eso cierran aulas hacen antes de que las familias puedan elegir. El gobierno de Díaz Ayuso es enemigo de la libertad de elección educativa”.

El cierre de aulas coincide con el anuncio del reparto de cheques para estudiar Bachillerato en centros privados, que son dos partes de la misma estrategia. “Se recorta en educación pública mientras se incentiva la privada. Es una escandalosa manipulación de la oferta y la demanda educativa, y justo lo contrario de la libertad de elección que tanto pregonan”, concluye Isabel Galvín.