El PCE e IU denuncian la mala gestión del agua en Ponferrada
Aprovechando la visita de Olegario Ramón y otros cargos municipales a las instalaciones de Aquona en Albacete, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida se pregunta si los mandatarios están pensando en ampliar otros 35 años la externalización del servicio de gestión de aguas.
En este sentido desde IU y el PCE critican la complicidad del PSOE con la empresa de aguas y recuerdan que “la prioridad debe ser la recuperación de un servicio público y no la construcción de obras faraónicas sin ningún fundamento”. La formaciones de izquierdas recriminan que se esté hablando de digitalización cuando muchos ciudadanos reciben agua a través de tuberías de fibrocemento, un material que causa daños en la salud.
Es por ello que Isabel Maroto (PCE) e Iván Fernández (IU) critican que la empresa que lleva de viaje a Olegario Ramón es la misma que debería haber sustituido las tuberías de fibrocemento en Ponferrada sin repercutir coste alguno, puesto que los términos de adjudicación lo establecen así. Recalcan que según el contrato esta empresa es la única responsable de realizar las obras que sean necesarias para que el abastecimiento de agua se de en condiciones óptimas. Las organizaciones critican que sean los ciudadanos quienes paguen de su bolsillo las reparaciones, cuando hay una empresa con un contrato millonario que no cumple con lo establecido. Según IU y el PCE esto es lo que ha sucedido recientemente en la traída de agua de San Lorenzo, donde la sustitución de fibrocemento ha sido cubierta por la Administración Pública, en lugar de la empresa contratista.
Para el PCE e IU este hecho se convierte en una causa clara de rescisión de contrato con la empresa adjudicataria y piden al PSOE que sea “tan contundente” como cuando subió la tasa de aguas a la ciudadanía para, según el propio Gobierno, cumplir con el contrato. PCE e IU entienden que un servicio básico no puede estar en manos privadas, y con una empresa que “encima no cumple”.
El PCE e IU recriminan que se trata de una privatización de los servicios básicos y esenciales mientras se cargan al erario público tasas de ganancia para la empresa y obras. Las organizaciones de izquierdas sostienen que “el agua no debe estar en manos privadas” y ponen de ejemplo el uso que hacen las empresas energéticas del agua en las centrales hidroeléctricas.
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