10º Aniversario del accidente de Alvia: «El Pacto de la curva, la razón de Estado, ADIF y el Sr. Cortabitarte»

Comunicado Plataforma Víctimas Tren Santiago

Angrois: 80 muertos y 144 heridos

Se cumplen 10 años de lucha tratando de destapar todo lo que hay detrás de esta tragedia evitable, exigiendo responsabilidades, peleando contra el Estado y las instituciones implicadas, que han tratado por todos los medios de culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista, evitando cualquier responsabilidad y contaminando a la opinión pública para ocultar la verdad, las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad.

A nivel judicial, la maquinaria del Estado ha “trabajado” ocultando y demorando la entrega de documentos, con el cambio de juez por el CGPJ, la Xunta imponiendo peritos, la fiscalía y la abogacía del Estado trabajando para Adif y esta última, representada por Adela Álvarez y Javier Suárez ocultando y mintiendo en el juicio, etc.

El ex ministro Blanco publicitó que la línea de AVE contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia. Cambió el proyecto original por las prisas, suprimiendo el sistema de seguridad en el tramo más peligroso. Se jactaba de adelantar los plazos.
La ex ministra Ana Pastor prometió una investigación independiente y colaboración. Varios autos señalaron la falta de colaboración de Fomento, Renfe y Adif. Presionó a la UE para ocultar el informe que desmontaba la verdad oficial: que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable. Durante su mandato se desconectó el sistema de seguridad ERTMS porque generaba retrasos y se obvió un aviso por escrito de un jefe de maquinistas advirtiendo del peligro de la curva.

Tanto para certificar que la línea era segura pese al cambio del proyecto que rebajó la seguridad, como para la desconexión del sistema de seguridad ERTMS hacía falta alguien que firmara y certificara: Cortabitarte, entonces director de seguridad de Adif.

La razón de Estado suponía proteger a Adif, a la Alta Velocidad, y por ende a Cortabitarte. Hace dos semanas el fiscal Mario Piñeiro, para sorpresa de todos, siguiendo al pie de la letra los argumentos de la Abogacía del Estado retiró la acusación a Cortabitarte sin ninguna razón de peso.

Durante el juicio se vio con más claridad los incumplimientos normativos, gracias al único perito insaculado y al testigo-perito de la UE, que dejaron claro la obligatoriedad técnica y normativa de evaluar y mitigar el riesgo en el cambio del proyecto y en la desconexión del ERTMS. Chistorpher Carr: “En este caso, con una curva muy cerrada, puede haber un riesgo de exceso de velocidad, y debe mitigarse” y “no se puede dejar un riesgo catastrófico en manos del maquinista, porque puede cometer fallo”, declaró el experto de la UE.
El Sr. Cortabitarte fue perito judicial del accidente del metro de Valencia, – ocurrido en 2006 con 43 muertos y 47 heridos- y afirmó entonces que con una baliza se hubiera evitado el accidente. Por tanto, conocía de primera mano la importancia de controlar los excesos de velocidad y tuvo evidencia de la posibilidad de un fallo humano y sus consecuencias catastróficas.
En 2011, el Sr. Cortabitarte fue alertado por las empresas constructoras del riesgo de descarrilamiento por exceso de velocidad en la línea de Angrois, riesgo que no quedaba mitigado por el sistema de seguridad suministrado y, por tanto, se exportaba así a ADIF para su gestión.
El Sr. Cortabitarte incumplió reiteradamente la normativa, al no realizar el análisis de riesgos en dos ocasiones:

• Al emitir personalmente el «Certificado de Seguridad», sin el cual la línea de alta velocidad 082 no podría entrar en funcionamiento.
• Al autorizar después, personalmente, la desconexión del sistema de seguridad por los retrasos que generaba.
  Entendemos que cada una de esas dos acciones, individualmente considerada, es de extrema gravedad y causa directa del accidente.

Gracias a nuestras demandas, la UE mantiene un procedimiento de infracción a España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, en concreto por las deficiencias en la gestión y mitigación de riesgos, que es por lo que está imputado Cortabitarte.

Pese a todo lo anterior, en su última maniobra, la fiscalía afirma que la llamada corporativa que tenía que atender el maquinista es la única causa del accidente. Se nos dice a la ciudadanía que el que se produzca una catástrofe de esta magnitud en un tren de alta velocidad, depende de si se hace esa llamada o no.
La explicación de este giro de guión es sencilla, el fiscal, cuyo jefe es nombrado por el Gobierno estaba acusando a un organismo (Adif) que pertenece al Estado, y al que precisamente defiende la propia Abogacía del Estado, cuyo jefe también es nombrado por el gobierno. Seguramente una llamada corporativa de su jefe ha sido la causa directa de este cambio del fiscal, y de que en sede judicial haya dicho que «probablemente» no ha «conseguido» trasladar por qué «antes decía una cosa y ahora otra», y ha añadido “que le ha costado hacerlo”.
Una vez más, el Estado vuelve a la casilla de salida, al pacto de la curva de los diferentes gobiernos para señalar al maquinista como único culpable. Los diferentes gobiernos han eludido cumplir con la obligación de llevar a cabo una Investigación técnica independiente, tal y como ha venido reclamando la UE.

Sin obviar el despiste del maquinista, el cual se produce en cuestión de segundos, hay mayor responsabilidad en Cortabitarte, que, como dijo el fiscal antes de su inesperado giro de guión, no cumplió con su deber dentro de Adif de “garantizar que la línea era segura” y desconectó el sistema de control de velocidad, “sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación”

En memoria de los 80 muertos y 144 heridos, y para que no vuelva a suceder:

EXIGIMOS JUSTICIA