Los crímenes de grupos armados y el COVID-19 empeoran la situación humanitaria en el sur de Colombia, según Alianza por la Solidaridad

La crisis social, política y económica en la que están sumidos los departamentos del sur de Colombia están empeorando la situación humanitaria de la población, según están detectando los equipos que Alianza por la Solidaridad-ActionAid tiene en el terreno, que han visto como la violencia no ha cesado desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en 2016.

Los últimos crímenes en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca son tan sólo dos episodios más en la vorágine violenta de las últimas semanas, en las que se han repetido los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, así como de ex combatientes de las FARC-EP, tal como viene denunciado la organización. En apenas siete días, fueron asesinados 17 adolescentes y jóvenes por razones que aún se investigan. A ellos se han sumado estas últimas jornadas las muertes de tres jóvenes indígenas awá en el municipio de Ricaurte (Nariño) y el atentado contra otro más, que pudo salvar la vida.

Alianza por la Solidaridad-ActionAid se suma a la condena internacional de estos hechos, que están directamente relacionados con la presencia de grupos armados de diferente índole que mantienen los cultivos de uso ilícito y su distribución, desde la costa del Pacífico, al resto del mundo.

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha empeorado aún más la situación tanto en Nariño como en Cauca y Valle del Cauca, donde han tenido lugar la mayoría de las 33 masacres documentadas este año por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según su informe, se han verificado ya 45 de los 97 asesinatos de personas defensoras de derechos, procedimiento que no resulta fácil. El mismo informe indica que 215 excombatientes de grupos guerrilleros, que estaban en fase de reinserción, han sido asesinados desde 2016. En los últimos meses, además, se han vuelto a reorganizar ex miembros de las FARC en un nuevo grupo guerrillero llamado Nueva Marquetalia, con algunos de los líderes que negociaron la paz.

Cabe señalar que en el acuerdo de hace cuatro años, uno de los puntos fundamentales fue el compromiso del Gobierno de apoyar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito por otros que permitieran el desarrollo de unas comunidades históricamente abandonadas. De momento, se ha reforzado la erradicación forzosa, y la sustitución voluntaria marcha lentamente y con un sin número de incumplimientos.

La situación continúa provocando desplazamientos de población y asesinatos que permanecen impunes en la inmensa mayoría de los casos. En lo que va de año, cientos de familias de las zonas rurales han sido desplazadas en el departamento de Nariño por la presencia de grupos armados ilegales, también ligados a la minería ilegal.

Angel Meza, coordinador en Nariño de Alianza por la Solidaridad, señala:

“Sólo en Tumaco, y los municipios de la costa pacífica nariñense ha habido más de 5.000 personas desplazadas en lo que va de este año. La pandemia ha incrementado el control territorial de los grupos ilegales, que deciden quién entra y quién no en las comunidades. Desde Alianza defendemos que para acabar con esta violencia es fundamental poner en marcha los planes de desarrollo que permitan inversiones en servicios sociales, en infraestructuras, en proyectos productivos. No basta con traer al Ejército si no hay medidas sociales”.

Pese a las dificultades generadas por la pandemia y la violencia, que dificulta los desplazamientos, Alianza por la Solidaridad Colombia continúa trabajando con las comunidades y las organizaciones locales, promoviendo en estos últimos meses iniciativas relacionadas tanto con el desarrollo local y el apoyo a las familias desplazadas, como venía haciendo dentro de su acción humanitaria, como ahora con acciones destinadas a la prevención de casos de COVID-19 entre una población cuya la asistencia médica es mínima.