Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia el “saqueo al que se somete a la educación pública desde que comenzó la crisis económica por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE”. IU entiende que “pese a los inútiles intentos de ocultar esta grave situación, todos los colectivos y profesionales del sector conocen perfectamente y sufren a diario su alcance”, que arrastra graves consecuencias como recoge de forma muy realista un reciente informe elaborado por la OCDE sobre España.

Izquierda Unida apuesta por “hacer frente a este panorama que busca dinamitar la educación pública. Se debe aumentar el compromiso y la cooperación de toda la comunidad educativa en los centros, implicando a la ciudadanía del entorno. Hay que recuperar la movilización que ya se anuncia por la comunidad educativa para el mes de octubre en defensa de la educación pública y laica. IU estará siempre al lado de quienes estén dispuestos a luchar para que no acaben con este derecho fundamental”.

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, considera que “los datos sin demoledores”:

·        España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año.

·        Estamos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE.

·        Nos situamos por detrás de Francia, EE.UU, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc.

·        La inversión en Educación es sólo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países.

·        En términos de PIB hemos pasado del 5% a sólo el 4,3% (7.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea. El Gobierno del PP se ha comprometido con la anteriormente denominada troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017.

Para Díez, “resulta muy ilustrativo comprobar cómo se ha pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, y permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España por parte de los gobiernos del PSOE y del PP en los últimos años”.

El dirigente de IU expone que entre las consecuencias de estas políticas neoliberales de recorte de lo público impuestas sucesivamente por PSOE y PP, y consagradas con la modificación en 2011 del artículo 135 de la Constitución, “está que la cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años a nivel estatal ni estudia ni puede trabajar. Su origen está en políticas educativas que, sin recursos, potencian el fracaso y el abandono escolar de la población joven que más lo necesitaría, así como por las políticas económicas que generan la elevada tasa de desempleo juvenil que se está convirtiendo en estructural”.

Enrique Díez destaca que los resultados de este “desmantelamiento sistemático y planificado de lo público se dejan sentir cada vez con más fuerza en el sistema educativo. Los centros educativos, especialmente los públicos, han sufrido un permanente recorte de profesorado y personal, con 30.000 docentes menos en la escuela pública frente a una población escolar que ha aumentado”.

Izquierda Unida denuncia que al deterioro de las condiciones laborales del profesorado (mayor precariedad del profesorado interino, aumento de las jornadas lectivas y de la ratio de alumnos, pérdida salarial) “se suma el abandono de los programas de atención a la diversidad y la supresión del carácter inclusivo de la educación. La ideología privatizadora del PP en Educación, que convierte incluso los derechos en fuente de negocio para los de siempre, lleva a empezar cada año el nuevo curso escolar en una situación aún más caótica y con menos recursos”.

El responsable del Área Federal de Educación de IU advierte de que “la LOMCE ha sido la justificación ‘legal’ impuesta desde esta ideología privatizadora y segregadora de las élites, al servicio de quienes parece gobernar el PP”.

“Su prepotencia y falta de diálogo -explica- lleva a que hasta un organismo internacional de carácter económico y que es parte de un modelo neoliberal como la OCDE cuestione el contenido de esta ley y les reproche los problemas que genera”.

En su opinión, el problema añadido es que “los recortes y la implantación de la LOMCE no sólo deterioran el servicio público educativo, sino que sirven para desviar alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada. Estamos ante una situación de ‘emergencia educativa’ que se hace insostenible para la calidad y equidad del sistema, y el futuro del país”.

La reducción de las becas, una Universidad cada vez más privatizada y clasista, un modelo de dirección educativa impuesto por la Administración, la desaparición de la democracia en los centros educativos y la exclusión efectiva de la participación de la comunidad educativa y las familias en ellos disparan la indignación de familias, estudiantes y profesorado. “El actual Gobierno en funciones y otras formaciones que comparten con él sus objetivos parecen muy cómodos viendo cómo los recortes educativos sirven para que se siga destinando ese dinero público al rescate bancario o al mantenimiento de los beneficios de las grandes multinacionales mientras se desmantela la educación pública”, asegura Enrique Díez.