Unidos Podemos presenta una moción para garantizar el acceso a la Sanidad para más de 60.000 personas
La iniciativa reclama el cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2003 y que no se cumple respecto a la transferencia autonómica de las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria.
A fecha de julio de 2016 un total de 61.063 personas se encontraban presas en las diferentes cárceles del Estado Español. Se trata de una población con una tasa altísima de enfermedades graves. En torno a un 40% padece, por ejemplo, algún tipo de enfermedad mental, mientras que hasta un 8% sufre un trastorno mental grave. El porcentaje de reclusos con Hepatitis asciende hasta el 20% mientras que hasta un 6% es portador del VIH. Se trata de unas cifras que multiplican incluso por diez la tasa de enfermedades y patologías que afectan al conjunto de la población y, sin embargo, las personas presas en nuestro país sufren una manifiesta dificultad para acceder a médicos especialistas, tratamientos farmacológicos y recursos de rehabilitación.
La moción que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de Maribel Mora (su Portavoz Adjunta en el Senado), defenderá en el pleno de esta semana, exige únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente. En 2003 se aprueba en nuestro país la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía que a finales de 2004 deberían haberse culminado ya la transferencia efectiva de las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las diferentes comunidades autónomas. No obstante, todavía en la actualidad, los médicos de atención primaria que trabajan en las cárceles españolas dependen directamente del Ministerio del Interior, permaneciendo completamente aislados del resto del Sistema Nacional de Salud. La senadora Mora lo explica así: “Las cárceles españolas, en materia de sanidad, se han convertido en una auténtica isla en la que no siempre se garantizan los Derechos Humanos de las personas presas”.
La iniciativa de Unidos Podemos en el Senado intenta recoger las demandas tanto de las organizaciones sociales que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en prisión como del colectivo profesional de médicos, que han denunciado reiteradamente las anomalías del actual modelo. Todos los sectores implicados reclaman la rápida transferencia de las competencias en Sanidad Penitenciaria como manera de resolver las enormes deficiencias que el actual sistema plantea. Se trata, al fin y al cabo, de cumplir con la legalidad vigente, tanto con la Ley de Cohesión y Calidad Sanitaria como con el propio Reglamento Penitenciario, que en su artículo 208 señala que “a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención”. Se trata de una medida que, además, no tendría por qué suponer ningún coste económico adicional, sino que de hecho supondría en último término una mayor racionalización y un uso más eficiente de los recursos públicos en materia de Sanidad. Un estudio realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz en la cárcel de Jaén cifra, por ejemplo, en casi un 19% el número de citas con especialistas médicos que la población reclusa pierde como consecuencia de las deficiencias del actual modelo. Mientras que autonomías como Catalunya y Euskadi sí tienen transferidas las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria, en el resto de comunidades autónomas se observa un desigual cumplimiento de la legalidad vigente. En aquellos territorios en los que la transferencia no se ha producido, se observa una dramática descoordinación de administraciones que en último término afecta al cumplimiento de los Derechos Humanos para con la población reclusa. Por ello, y dado que el sistema funciona manifiestamente mejor en los territorios en los que la transferencia de competencias ya se ha completado, no debería plantearse otro escenario que no fuera completar este proceso en el resto de autonomías, garantizando los Derechos Humanos de la población reclusa y mejorando también las condiciones laborales del colectivo profesional de los médicos de atención primaria que les atiende en las cárceles y prisiones españolas.
Enlaces de referencia (para conocer las demandas de los colectivos sociales y organizaciones médicas):
El Estado no garantiza la salud de los presos en España, El Mundo 20/10/2016
http://www.elmundo.es/
Organizaciones de médicos y pro DDHH piden el fin del precario acceso a la sanidad de las personas presas
Nueva Tribuna 20/10/2016
http://www.nuevatribuna.es/
“La isla de la sanidad penitenciaria”, un obstáculo para las personas presas en España ElDiario.es 20/10/2016
http://www.eldiario.es/
Piden el traspaso urgente de las competencias en sanidad penitenciaria La Vanguardia 20/10/2016
http://www.lavanguardia.com/
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