Interior impide que el eurodiputado Miguel Urbán y la senadora Maribel Mora visiten la cárcel de Archidona porque “los policías están desbordados”
El internamiento en el Centro Penitenciario Málaga II de aproximadamente 500 migrantes, recién llegados en patera a nuestras costas, vulnera la propia Ley de Extranjería.
Una delegación de Unidos Podemos, conformada por Miguel Urbán, Maribel Mora e Ione Belarra, visitará la próxima semana las instalaciones penitenciarias de Archidona.
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Durante todo el día de ayer tanto el eurodiputado Miguel Urbán como Maribel Mora, senadora andaluza y portavoz adjunta en la Cámara Alta, intentaron que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, autorizara la visita que ambos pretendían realizar, con carácter urgente e inmediato, al Centro Penitenciario de Málaga II, donde el Gobierno mantiene recluidos a medio millar de migrantes que esta semana llegaron en patera hasta las costas de Murcia. Interior instó a los representantes de Podemos a participar en una visita conjunta la próxima semana, junto a otros cargos electos que también han solicitado acceder a las instalaciones, con el argumento de que los funcionarios policiales “están desbordados”.
Las informaciones conocidas durante los últimos días señalan que las instalaciones penitenciarias elegidas por Interior para internar a medio millar de migrantes carecen incluso de agua potable. Los propios funcionarios policiales que participaron en el traslado denunciaban también la escasa previsión a la hora de organizar el dispositivo. Los agentes no disponían ni tan siquiera de agua que ofrecer a las 500 personas a las que se llevaba hasta Archidona, de tal forma que “ha habido varios desfallecimientos”, según apuntaban fuentes policiales. Según los propios agentes tampoco había comida en el Centro Penitenciario Málaga II y tuvieron que ser ellos mismos quienes, acudiendo a estaciones de servicio de la zona, adquirieran alimentos para las 500 personas que, tras cruzar en patera el Mediterráneo, acababan de llegar a nuestro país.
“Era urgente y necesario, a raíz de las alarmantes noticias que hemos conocido, que se nos permitiera acceder a las instalaciones para garantizar que se ha dado un trato digno a las personas a quienes se ha encerrado en la cárcel de Archidona”, manifestaba la senadora Maribel Mora. El eurodiputado Miguel Urbán, por su parte, denunciaba que “en pocas ocasiones ningún otro gobierno europeo nos ha puesto restricciones similares para visitar instalaciones donde se acoge a personas migrantes o refugiadas, lo que supone una evidente limitación de nuestras funciones de control parlamentario”. “No queremos visitas ni tours programados”, ha sentenciado Urbán, quien entiende que “el objetivo de la visita que pretendíamos hacer era dar cuentas a la ciudadanía de las condiciones de traslado e internamiento de las personas a las que se ha recluido en la cárcel de Archidona sin haber cometido delito alguno”. Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, valora la forma de proceder de Interior como “un claro retroceso”, pues “la decisión de recluir a 500 personas migrantes en una cárcel sienta un peligroso precedente, sobre todo cuando el actual Gobierno no destaca precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos”.
A las iniciativas impulsadas por Podemos en el Senado a comienzos de la presente semana se suman dos preguntas registradas en la Eurocámara requiriendo información respecto a la situación que se vive en Málaga II y por la política de devoluciones en caliente que aún practica nuestro Gobierno, a pesar de haber sido declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Unidos Podemos considera que la decisión de internar en la prisión de Archidona a 500 migrantes, recién llegados a territorio español y probablemente víctimas de mafias ilegales, es a todas luces ilegal. La Ley Orgánica 4/2000, también conocida como Ley de Extranjería, prohíbe expresamente el internamiento en centros de carácter penitenciario, tal y como son las instalaciones de Archidona, así declaradas por el propio gobierno mediante orden ministerial en marzo del presente año.