La Liga Española Pro Derechos Humanos denuncia que el Estado Español viola la IV Convención de Ginebra y la Convención contra la Tortura tras la entrega del activista saharaui Faisal Bahloul
- El activista saharaui era muy activo en las redes sociales, con unos 30.000 seguidores y, según el Ministerio del Interior, publicaba mensajes “incendiarios” contra los ocupantes del Sáhara Occidental. Estaba pendiente de una solicitud de asilo en Francia, válida hasta el 15 de diciembre de 2021. Su extradición se produce después de que el pasado mes de julio cientos de inmigrantes subsaharianos lograsen acceder a Ceuta a través de la valla fronteriza ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes.
- La Liga Española Pro Derechos Humanos es una asociación española no gubernamental, apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es la defensa y vigilancia de los derechos y las libertades fundamentales. Cuenta con «más de un centenar de años al servicio de los más necesitados» y hoy siguen «sumando esfuerzos en la defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y esperamos seguirlo haciendo por muchos siglos». Se constituyó el 22 de noviembre de 1913.
La Liga Española Pro Derechos Humanos ha emitido un comunicado el 23 de noviembre en el que mantiene que «España viola convenios internacionales con la entrega de activistas Saharauis a Marruecos» e «incumple también el Auto del Pleno de la Audiencia Nacional en el caso Baby Handay planteado por la Liga Española Pro Derechos Humanos Auto 40/2014″.
Asimismo, la Liga mantiene que el Estado Español viola la IV Convención de Ginebra y la Convención contra la Tortura (que prohíbe “la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”) con la entrega del activista saharaui , detenido en nuestro país desde el 30 de marzo de 2021 y entregado a Marruecos el pasado 16 de noviembre.
Esta denuncia también la expresó hace días la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y el Secretario del Área Internacional de el PCE y Eurodiputado de Unidas Podemos-IU Manu Pineda, quien mantiene que Faisal residía legalmente en España desde hace 23 años y tenía permiso hasta el 2024.
La entrega a #Marruecos del activista saharaui Faisal Al Bahloul, es un completo error. Entregar a un líder de la lucha contra la ocupación militar del #Sáhara a la despótica monarquía marroquí es un incumplimiento de los deberes de España como potencia administradora del Sáhara. https://t.co/GYJYNXvrCD
— Manu Pineda? (@ManuPineda) November 18, 2021
Faisal Bahloul, de 44 años, natural de El Aaiún, con residencia legal en España hasta 2024, es un activista contrario a la ocupación marroquí y lucha por la defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, particularmente desde la reanudación de la lucha armada por el Frente Polisario, el 13 de noviembre de 2020. Fue detenido por la Policía Nacional en Basauri (Vizcaya), pasó a disposición de la Audiencia Nacional y estuvo preso primero en Madrid y después en Murcia.
Según las resoluciones de las Naciones Unidas, el estado español sigue siendo de iure, aunque no de facto, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y hasta que finalice la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos.
Marruecos le relaciona con hechos ocurridos en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, en noviembre de 2010, cuando ha estado después varias veces en el Sáhara Occidental ocupado, la última en 2017.
Según una información de la Agencia Efe desde Rabat, se trata de una expulsión administrativa y el Ministerio del Interior español informó de que estaba muy radicalizado y usaba sus perfiles en redes sociales para alentar a llevar a cabo acciones terroristas y violentas contra personas e instituciones de Marruecos en España y el exterior.
Agrega que la investigación comenzó en diciembre de 2020, cuando la policía española conoció la actividad de un individuo que publicaba amenazas extremadamente graves y violentas a través de redes sociales. La operación la desarrollaron agentes de la Comisaría General de Información, bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la colaboración de las brigadas de Información de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, San Sebastián y Bilbao.
La entrega a Marruecos del activista saharaui motivó al senador de Compromís Carles Mulet García a preguntar al Gobierno por qué se ha vuelto a plegar a las exigencias de un régimen que no respeta las resoluciones de la ONU ni los derechos humanos, y si es consciente de que la integridad de esta persona peligra al ponerse en las manos de un Estado como el marroquí.
Afirma que “con esta vergonzosa entrega, España se puede convertir en cómplice de las torturas o la suerte que pueda tener este activista por la libertad del Sáhara en manos de un régimen abiertamente terrorista que no respeta los derechos humanos”.
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