España continúa destinando recursos a la militarización en un contexto en el que la seguridad requiere respuestas sanitarias, humanitarias y medioambientales

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau publica un nuevo informe en el que analiza de qué maneras el militarismo permea en diversos espacios políticos, sociales, educativos y territoriales en el Estado español. El análisis contrapone el nivel de militarización de estos distintos ámbitos de la sociedad ante el contexto actual de crisis sanitaria, económica y ecosocial.

“Muestra de esta forma en que la doctrina militarista permea en nuestras sociedades ha sido la crisis sanitaria de la Covid-19. A pesar de tratarse de un asunto de seguridad sanitaria se ha construido toda una narrativa de guerra a su alrededor, desplazando el discurso del ámbito de la seguridad humana al de la seguridad militar, incluso llegando a visibilizar a los militares como agentes activos frente a la crisis sanitaria, a pesar de ser los sectores sanitarios y de la investigación científica los que presentaban plenas facultades, y por tanto, el verdadero papel protagonista, para hacer frente a la situación”, apunta Ainhoa Ruiz, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y editora del informe.

Y es que, a pesar de que la Directiva de Defensa Nacional señala actualmente entre las principales amenazas a nuestra sociedad problemáticas globales como el cambio climático, las pandemias, las migraciones o la vulnerabilidad energética; el análisis realizado muestra cómo desde las instituciones se fomenta una seguridad militarista basada en el impulso de la industria armamentista, de la dimensión y recursos de las Fuerzas Armadas y del gasto militar en los presupuestos del Estado. “Estos gastos de un presupuesto militarizado, junto con unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas, no sirven para abordar las verdaderas amenazas a la seguridad que presenta la población y que la misma Directiva de Defensa Nacional señala, ante las que los ejércitos tienen poco que hacer”, concluye el análisis.

La publicación analiza también cómo el militarismo permea en diversos ámbitos de nuestras sociedades “en una búsqueda de legitimación del aparato militar, de sus estructuras y de determinadas políticas que lo mantienen”. En relación a la militarización de lo humanitario, el informe analiza la militarización de los servicios de protección civil a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Destacan algunos datos como que en 2019 la UME hizo 64 intervenciones, 0,017 por cabeza de sus más de 3.500 miembros, con un presupuesto de unos 150 millones de euros anuales en todo el Estado español; el mismo año, solo en Barcelona, 607 bomberos y bomberas hicieron casi 21.000 salidas, 34,5 por cabeza, con un presupuesto tres veces menor. En relación a la militarización de las migraciones y del espacio fronterizo, concluye que los tres espacios fronterizos del Estado español presentan un nivel alto de militarización mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, siendo Ceuta y Melilla las Comunidades Autónomas con más presencia de estos en todo el Estado en relación con la población del territorio (ambas presentan un despliegue de un 4,9% seguidas de lejos por Aragón con 1,1).

Sobre la militarización de la educación y el lenguaje, el análisis muestra que la práctica totalidad de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, tienen suscritos acuerdos y convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa. En los últimos años, en los ámbitos de prácticas académicas o actividades docentes, actos y eventos se han dado, al menos, 101 convenios, en un total de 17 Comunidades Autónomas de 19. Por otro lado, el Ministerio de Defensa llega de dos formas a los espacios educativos; primero, creando contenidos curriculares, como son el caso de los años 2007 y 2011, años en que se crearon libros para trabajar el concepto de Defensa desde una perspectiva militar en las aulas y, en el año 2015, con la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional que introdujo a las comunidades docentes como espacios referentes para introducir la “Cultura de Seguridad Nacional”. Segundo, con la organización de actividades extracurriculares, como muestra el ejemplo del concurso “Carta a un militar”.

El informe también analiza el nivel de militarización de algunos territorios del Estado español, como es el caso de Andalucía, la Comunidad Autónoma con más presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas con 24.121 en 2020, a las que se suman las unidades que tienen estacionadas EEUU y Reino Unido en bases militares en la región. O el caso de Canarias, que se sitúa en el ranking de grandes bases militares archipelágicas del mundo, auspiciadas por la OTAN, junto a Chipre, Guantánamo y Pearl Harbour, debido a su interés geopolítico. Debido a ello, cuenta con un cuerpo de seguridad por cada 116 habitantes, y un militar por cada 145 habitantes, mientras que sólo se dispone de una psicóloga por cada 17.000 personas.

Podéis descargar el resumen ejecutivo y el informe completo en castellano y en catalán aquí.