CGT denuncia ante el Servicio Murciano de Salud el mal funcionamiento de la UTE ORTHEM en Cartagena

CGT Región Murciana ha denunciado ante el Servicio Murciano de Salud, tanto al Director Gerente como al Consejero, los incumplimientos que la UTE concesionaria de las ambulancias de toda la Región está llevando a cabo desde que se hizo cargo del servicio en el año 2020, en esta ocasión en el Lote 2-6, esto es, los servicios programados de ambulancias del área de salud de Cartagena.

Desde el sindicato manifiestan que “Desde la llegada de la nueva empresa los incumplimientos y vulneraciones de derechos, tanto para trabajadoras y trabajadores, como para usuarias y usuarios han sido constantes, sin olvidar que se trata de un servicio público cuyo correcto funcionamiento debe de estar fiscalizado por el Servicio Murciano de Salud. Una vez más, constatamos que el concierto de un servicio público lo único que garantiza es perdidas de derechos para las y los usuarios, los y las trabajadoras, así como para la sociedad en su conjunto”.

Los documentos han sido enviados tanto al área de recursos humanos y de Prevención de la concesionaria como a la Gerencia del Servicio Murciano de Salud y al Consejero encargado de la materia. Las denuncias cuyo estudio corresponde al Servicio Murciano de Salud versan sobre:

– Hacinamiento de pacientes en los traslados programados, sin tener en consideración sus patologías personales ni la normativa COVID vigente;

– Abuso de la contratación en prácticas, el 40% de la plantilla. Así como derivación de trabajadoras/es en prácticas del lote 8, urgencias, al lote 2-6, programadas, sin supervisión, con los riesgos que implican los cambios de tarea y la ausencia de experiencia de estas y estos trabajadores, tanto para ellas como para los y las usuarias. De este modo se ahorran un 30% del salario, las indemnizaciones por despido, contrataciones…;

– Vulneración de los tiempos establecidos para los traslados de pacientes, con las consiguientes complicaciones que implica para estos/as.

Desde CGT, concluyen, “luchamos y lo seguiremos haciendo para que la gestión de los servicios públicos no recaiga en empresas privadas, debemos poner fin al sistema que socializa los gastos y perdidas mientras que los beneficios quedan en unas pocas manos. Los servicios públicos son un derecho de toda la ciudadanía y la administración tiene el deber de garantizarlos de la manera más eficiente y eficaz, y ya ha quedado demostrado que esto no puede conseguirse a través de conciertos ni privatizaciones”.