Ecologistas manifiestan sus dudas ante la propuesta de una desaladora en Chiclana

El proceso de eliminar la sal del agua de mar acarrea varios problemas, económicos y medioambientales fundamentalmente.

Se necesita un gran consumo de energía para bombear el agua desde el mar, llevarla hasta los depósitos y, finalmente, devolver el vertido del residuo restante de nuevo al mar.

El 50% del agua que se desala contiene un elevado porcentaje de sal, la salmuera, y también productos químicos y metales pesados. Es un vertido contaminante cuya descarga en el mar genera un gran impacto medioambiental, unido al que provoca la captación en las tomas de agua del mar, que destruye una enorme cantidad de materia orgánica, especialmente fitoplancton y zooplancton. De hecho, un problema añadido de las desaladoras es el mal olor por la putrefacción de la materia orgánica.

Desalar un metro cúbico de agua consume unos 3 kWh (el equivalente a la energía que acumula 1000 pilas AA alcalina), tanto en el proceso de desalación como en el bombeo, lo que supone un elevado coste económico también.

La asociación medioambiental Toniza-Ecologistas en Acción de Chiclana considera que las desaladoras no son la solución en el planeamiento futuro de Chiclana, con la construcción de tres nuevos hoteles y la tramitación de la ampliación de uno de sus campos de golf, unas demandas que dispararán los requerimientos de agua. Incidir en el incremento de la oferta hídrica en vez de contener la demanda y reducir las pérdidas en las conducciones es la respuesta equivocada, en un escenario de sequía intensa y prolongada como la que se avecina.

Alternativas a las desaladoras

Para esta asociación ecologista las soluciones estriban en el arreglo de las conducciones de agua actuales, lo que mejoraría la eficiencia y evitaría el despilfarro de agua.

También la recarga y recuperación del acuífero Puerto Real – Conil, empleando aguas regeneradas de las dos depuradoras de Chiclana (El Torno y La Barrosa) para riego y baldeo.

La clausura de los pozos y fosas sépticas ilegales. Los acuíferos son públicos y, por tanto, pueden ser la garantía que necesitamos ante sequías cada vez más frecuentes por el Cambio Climático. Otra de las soluciones es la limitación del llenado de las piscinas. Los escasos recursos de inspección y sanción urbanística facilitan la parcelación y construcción ilegal en Chiclana, que está a unos niveles altísimos.

Fijar el objetivo 100, es decir, 100 litros de consumo diario por persona y día, ya establecido, por ejemplo, por Aguas de Cádiz.

También es necesario atajar los consumos superfluos como el riego de especies vegetales exóticas.

Todas estas alternativas son las que deberían debatirse en el próximo Pleno municipal, antes que la proposición para solicitar a la Junta de Andalucía la instalación de desaladoras, que debería contemplarse entre las últimas opciones. En vez de unos partidos políticos a la gresca, podrían colaborar ambas administraciones en contener las demandas de agua, evitar fugas y enfrentarse a la sequía.

Pero si lo que quieren es seguir discutiendo a cuenta de la competencia sobre la desalación, indicar que es conjunta, como ocurre en el dominio costero, y tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central pueden impulsar y tramitar nuevas desaladoras o la modernización y ampliación de las existentes.