CCOO denuncia que en la Oferta de Empleo Público de 2023 se aprobaron 2.000 plazas menos de lo debido para personal funcionario de la Administración de Justicia

Con fecha 15 de febrero de 2023, CCOO remitió escrito al Ministerio de Justicia solicitando información sobre el número de nuevas plazas vacantes generadas en los cuerpos de personal funcionario de la Administración de Justicia de 2022 para determinar la tasa de reposición aplicable en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2023, un escrito que fue reiterado con fecha 24 de mayo de 2023.

Ante la falta de contestación a ambos, CCOO efectuó la misma solicitud de información al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado que accedió y el Ministerio de Justicia envió, inicialmente, la información referente a su ámbito de gestión, pero no la correspondiente a los ámbitos territoriales gestionados por las comunidades autónomas con competencias transferidas.

CCOO efectuó una reclamación por ese motivo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que resolvió a favor del sindicato, acordando que se facilitase la información solicitada relativa a todos los ámbitos competenciales.

El resultado de dichas solicitudes y resoluciones ha sido el envío por parte de todas las comunidades autónomas afectadas (salvo la Comunidad Valenciana) de la información solicitada.

Entretanto, sin negociación previa en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia ni información a las organizaciones sindicales, la OEP de 2023 fue aprobada por Real Decreto 625/2023, de 11 de julio. En su Anexo II se contenían las plazas aprobadas para su convocatoria de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.

En ese Anexo II se recogen las plazas diferencias correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de Justicia y al conjunto de las comunidades autónomas con competencias transferidas, sin que hasta la reciente publicación de las órdenes de convocatoria se haya podido conocer la distribución por plazas en dichas autonomías.

Para el cálculo de la tasa de reposición que debe aplicarse en el cálculo de las plazas de la OEP, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 considera a los cuerpos de personal funcionario de la Administración de Justicia sector prioritario, por lo que se le asigna una tasa de reposición del 120%.

En aplicación de las reglas para su cálculo, establecidas en el punto 3 del art. 20 de la LPGE de 2023, la tasa de reposición en la Administración de Justicia será el 120% de la suma de las vacantes producidas por jubilaciones, fallecimientos, etc., más las plazas de nueva creación más las plazas de refuerzo convertidas en plantilla, cantidad a la que se restará el número de reincorporaciones desde situaciones de excedencia o servicios especiales sin reserva de plaza.

Como dicho precepto legal establece también que para el cálculo de la tasa de reposición no computan las plazas convocadas por promoción interna, todas las plazas de reposición deben ir al turno libre.

Con estas reglas de cálculo y la información proporcionada por las distintas administraciones, el resultado es que se han convocado, en relación con la tasa de reposición del 120%, 390 plazas menos del cuerpo de Gestión, 897 menos de Tramitación, 454 menos de Auxilio, 37 menos de Letrados, 5 menos de Médicos Forenses y 5 menos de Facultativos, lo que hace un total de 1.788 plazas menos de las necesarias. Para estos cuerpos, la aprobación de plazas en la OEP 2023 fue de un total de 1.182, es decir, algo menos de un 40 % de la tasa de reposición.

El número de nuevas vacantes producidas en 2022 en los cuerpos funcionariales referidos ha sido de un total de 2.474 plazas (según los datos facilitados por las propias administraciones) y el personal de nuevo ingreso por esta OEP de 2023 será de 1.203, una diferencia de 1.271 plazas. Con carácter general todas estas nuevas vacantes están ocupadas por personal temporal (en su mayoría personal interino o, en otros casos, mediante sustituciones y comisiones de servicio cuyos puestos de origen quedan también ocupados por personal interino).

Y todo ello a falta de los datos de la Comunidad Valenciana que, sin duda, acrecentarán estas inaceptables diferencias.

Es incomprensible que el Parlamento, a propuesta del Gobierno, incluya en la LPGE al personal de la Administración de Justicia entre los sectores prioritarios para aprobar la OEP y que ese mismo Gobierno la apruebe finalmente con menos plazas que las vacantes que se han producido.

Y más incomprensible aún es que no se tomen en este caso medidas directas para atajar la temporalidad en el empleo público que inspira las decisiones de la Unión Europea para conseguir que los puestos de trabajo estructurales ocupados de forma temporal en las Administraciones Públicas pasen a ser desempeñados por personal fijo.

Por todo lo expuesto, CCOO ha reclamado a la Secretaría de Estado de Función Pública la ampliación en 1.788 plazas de las aprobadas para la Administración de Justicia en la OEP de 2023, a las que habría que sumar las nuevas vacantes producidas en 2022 en la Comunidad Valenciana, que no ha facilitado los datos.