CCOO advierte que es urgente salvar la Sanidad Penitenciaria

La realidad de la sanidad en las prisiones es el paradigma de la privación del derecho a la salud para miles de personas recluidas. Porque no puede ejercitarse el derecho a la salud, cuando se tiene más de un 64 % de las plazas de personal facultativo sin cubrir y con las plantillas sobrecargadas de trabajo y maltratadas laboralmente por parte de Instituciones Penitenciarias.

Instituciones Penitenciarias se ha negado a escuchar las denuncias que desde CCOO venimos realizando sobre la degradación de la sanidad penitenciaria y la necesidad de articular medidas que la solventen.

La falta de gestión y planificación en Instituciones Penitenciarias ha dado lugar a una política de ocurrencias que no sólo enquista el problema, sino que lo agrava. Las plazas de personal facultativo que se convocan quedan desiertas o se inventa una atención sanitaria en diferido.

Las últimas medidas más relevantes son la teleasistencia para los centros sin personal facultativo y un cambio de atribuciones y funciones al personal de enfermería que supla su carencia. El intrusismo profesional que estas medidas puedan ocasionar sitúa al personal sanitario penitenciario en una situación de inseguridad jurídica, que sin duda provocará una desafección hacia el trabajo en prisiones por parte del personal de enfermería.

Lo realmente importante -y que en este contexto tiene un carácter dramático- es que se está privando del derecho a la salud a las 46.826 personas reclusas dependientes del Ministerio del Interior.

Se ha eliminado la asistencia primaria en prisiones dejando únicamente una atención de urgencias, con lo que la prevención, los diagnósticos a tiempo o la atención a pacientes con enfermedades crónicas están siendo cuestionados por la administración penitenciaria.

CCOO quiere recordar a las personas encargadas de la gestión penitenciaria o con responsabilidades políticas que la población reclusa no está excluida de la aplicación del artículo 43 de la Constitución, que establece que «Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto».

Por ello, el artículo 208 del reglamento penitenciario establece que a las personas privadas de libertad «se les garantizará en todo caso una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población».

Privar de una atención sanitaria digna a la población reclusa, no solamente pone en peligro la integridad de las personas por el hecho de estar presas y añade una nueva condena no sentenciada por ningún juez, sino que además es contrario a lo establecido en las Reglas Penitenciarias Europeas a las que está obligado el Estado español.

Para CCOO todos estos hechos son razones más que suficientes para que se adopten medidas urgentes con perspectiva de política de Estado en un Acuerdo de Estado para Salvar la Sanidad Penitenciaria, donde se contemplen al menos las siguientes actuaciones:

• Cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, por parte de la Administración Central y las de las Comunidades autónomas.
• Articulación de las medidas transitorias necesarias para garantizar la atención primaria a la población reclusa.
• Dotación por parte del Ministerio de Interior de los recursos necesarios para transferir los recursos sanitarios penitenciarios en términos de equidad y adecuación presupuestaria.
• Reconocimiento profesional de la especialización del personal de la sanidad penitenciaria en la prestación de un servicio en condiciones especialmente difíciles.

Desde CCOO invitamos a trabajar en la búsqueda de soluciones a otras organizaciones sindicales, asociaciones, organizaciones no gubernamentales activas en prisión y a las sociedades científicas, que motiven la necesidad de resolver el drama de la sanidad penitenciaria.