El PP, con la connivencia de Ciudadanos y PNV, tumba las enmiendas parciales de Unidos Podemos a los Presupuestos Generales 2017 e impone su modelo de recortes
El ‘brazo de madera’ que estas formaciones evidencian en las votaciones, en un debate amenazado además por el veto del Ejecutivo ‘popular’, facilita que salgan adelante las cuentas públicas de la desigualdad y la privatización que quiere Rajoy.
El Partido Popular, en connivencia con sus socios parlamentarios de Ciudadanos y con la inestimable ayuda del PNV, se ha dedicado durante todo el día de hoy a imponer su modelo económico de recortes y de austeridad durante las centenares de votaciones de las enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que tiene lugar en la comisión homónima.
El partido de Mariano Rajoy, en una acción conjunta con Ciudadanos y los nacionalistas vascos del PNV, ha rechazado una por una las enmiendas parciales defendidas por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Estas enmiendas a las cuentas públicas iban dirigidas, en su conjunto, a la reducción del déficit social, la creación de empleo de calidad y el impulso de una reforma fiscal que asegure la financiación de los servicios públicos fundamentales.
Las votaciones han evidenciado que el ‘brazo de madera’ de PP y Ciudadanos es capaz de imponer, en un debate amenazado además por el veto del Ejecutivo ‘popular’, la propuesta presupuestaria de desigualdad y privatización que ha traído el partido de Rajoy a la Cámara.
Este voto combinado ha tumbado, entre otras propuestas concretas de Unidos Podemos, un Programa de Apoyo a Defensores de Derechos Humanos, la creación de un Fondo Especial de Financiación para municipios de menos de 20.000 habitantes, la puesta en marcha de un Plan de rescate a la Ciencia, así como el aumento de presupuesto para el proceso de paz en Oriente Medio.
Esta alianza conservadora ha puesto las mismas trabas para solucionar la situación de los interinos en la Función Pública y ha impedido que las Administraciones Públicas puedan fijar jornadas de 35 horas, como mantenía una de las enmiendas rechazadas.