El Ministerio de Educación deja en manos de las Autonomías las condiciones en las que se desarrollará el Curso próximo

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho públicas las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19 en los centros educativos para el curso 2020-21. En la práctica, se trata de una serie de recomendaciones para las Comunidades Autónomas, que difícilmente se van a llevar a efecto.

El Ministerio ha renunciado a la capacidad que tiene de establecer legislación normativa básica que obliga a todo el Estado, en temas fundamentales como el número máximo de estudiantes que puede haber al mismo tiempo en un aula, que es una medida clave desde el punto de vista pedagógico para la mejora de la calidad de la enseñanza y que, en esta situación de crisis sanitaria, se convierte también en una herramienta imprescindible para evitar la propagación de posibles casos de contagios. Es evidente que el Ministerio que dirige Isabel Celaá comparte esta reflexión, ya que éste ha sido uno de los puntos principales sobre el que han girado las propuestas ministeriales: de sostener que había que limitar la presencia en el aula a 15 alumnas y alumnos, pasó a mantener que podían ser veinte y finalmente a hablar de “agrupaciones convivenciales que funcionen a modo de familias”, que pueden incluir a un número de alumnado que llegue a 25. Es decir, la limitación actual legal.

En definitiva, para el próximo curso la única novedad legislativa será la establecida en el Real Decreto ley 21/2020 de 9 junio que hace referencia al mantenimiento de la distancia de seguridad en los centros educativos, el uso de la mascarilla o la limpieza y proceso de desinfección de los centros educativos.

Y al renunciar a legislar sobre aspectos tan determinantes como ratios o el destino de los 2.000 millones de euros que el gobierno de España pondrá en septiembre, a disposición de las Comunidades Autónomas para educación, el Ministerio está posibilitando que las condiciones en los que se desarrolle la enseñanza el próximo curso, no sean las adecuadas. Consejerías de Educación como las de la Comunidad de Madrid o de Andalucía ya han anunciado su intención de eliminar unidades de los centros públicos: es decir, ni siquiera sobre el papel manifiestan una intención de mejorar las condiciones, al revés muestran claramente su intención de empeorarlas en función de criterios que el Ministerio debería impedir.

Pero además estas medidas que el Ministerio de Educación propone a las Autonomías, tienen otra gran dificultad: no se van a poder cumplir. En efecto, esas agrupaciones convivenciales de las que habla, no van a poder funcionar de manera aislada, sin relacionarse con el resto de personas del centro educativo. Por ejemplo, un colegio de Infantil y Primaria de 2 líneas, cuenta con 20 clases. Para que cada una de ellas pudiese funcionar como una agrupación independiente sin contacto con las demás, ese colegio debería establecer 20 turnos distintos de entrada, veinte recreos diferentes o 20 turnos de salida: algo completamente imposible.

Todo ello quedaría resuelto si el nivel de inversión en educación en nuestro país fuese el del resto de los países europeos: una media del 5% del PIB. La educación pública no puede quedar postergada una vez más en una situación de crisis. Si se dedican 2.000 millones a educación (y el Ministerio renuncia a legislar que esa partida tenga un destino exclusivo para la enseñanza pública) y para el sector del automóvil o del turismo se dedican partidas que duplican o triplican esa cantidad, el mensaje es claro: la educación pública no es una prioridad y eso es algo que no se puede permitir una sociedad que pretenda ser equitativa, justa y que tenga un futuro alentador

Secretariado de la Confederación de STEs-i

25 de junio de 2020.