Marruecos impone penas durísimas a activistas saharauis del Grupo Gdeim Izik
La sala de lo Criminal del Tribunal de Salé, ciudad próxima a Rabat, ha ratificado la pena de cadena perpetua para siete de los integrantes del denominado Grupo Gdeim Izik, tras seis meses de juicio civil. Otros doce acusados fuero condenados a penas que oscilan entre los 30 y 20 años mientras que dos fueron puestos en libertad porque la condena impuesta era inferior al tiempo permanecido en prisión preventiva.
El Consejo General de la Abogacía ha acreditado a numerosos abogados para que asistieran como observadores en varias de las audiencias celebradas, junto con juristas de Francia, Italia, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca y Alemania. Todos los observadores han denunciado diversas irregularidades durante el juicio, como por ejemplo el desprecio hacia las reiteradas denuncias de torturas a los acusados durante su detención y encarcelamiento, que no han sido investigadas y por las que los abogados de la defensa llegaron a solicitar la suspensión del juicio, igualmente denegada. Los acusados alegaron que sus confesiones habían sido recabadas y firmadas por ellos bajo torturas y se declararon inocentes de todos los cargos.
Los observadores también han recalcado durante el proceso lo inadecuado de que los acusados permanecieran en prisión preventiva durante aproximadamente siete años desde que tuvieron lugar los hechos hasta la sentencia. Igualmente, se ha denunciado que los acusados permanecieran en las vistas judiciales en Rabat en una “pecera” de cristal dentro de la cual no se escuchaban las alegaciones de las diferentes partes en el juicio, o que se admitieran en el proceso continuas argumentaciones de los abogados de la “acción civil” contra los acusados basadas en cuestiones políticas sobre el Sáhara y Marruecos y sin correspondencia con los hechos que se enjuiciaban.
PROTESTAS EN 2010
El grupo de activistas saharauis fue detenido en 2010 cuando participaba en las protestas que tuvieron lugar en el campamento de Gdiem Izik organizado a las afueras de El Aaiún. Ahí se concentraron más de 20.000 saharauis en lo que hoy se considera la primera manifestación de la ola de protestas civiles que posteriormente se extendió por la cuenca del Mediterráneo dando lugar a la denominada Primavera Árabe.
Los motivos que llevaron a movilizarse al pueblo saharaui son la ausencia de derechos sociales, civiles y políticos que se deriva de la ocupación del territorio por parte del Reino de Marruecos en el contexto de un conflicto por la soberanía del Sahara que sigue latente. El campamento fue desmantelado por las autoridades marroquíes haciendo uso de la violencia y se saldó con trece muertos: once policías marroquíes y dos civiles.
El Tribunal Militar de Rabat procesó y sentenció el 16 de febrero de 2013 por estos hechos a un grupo de 25 activistas a los que impuso penas muy elevadas y bajo la sospecha de haber utilizado testimonios auto inculpatorios obtenidos bajo tortura tratando de buscar un castigo ejemplarizante. Nueve acusados fueron condenados a cadena perpetua; 4 a 30 años; 7 a 25 años y 3 a 20 años.
Posteriormente, el Tribunal de Casación de Rabat, mediante sentencia firme procedió a declarar nulo el juicio y sentencia del Tribunal Militar de Rabat seguido contra el grupo de activistas saharauis, y declaró la remisión del procedimiento a la jurisdicción ordinaria para la celebración de un nuevo juicio, enviando el procedimiento al Tribunal Penal de Rabat.
De este modo, el tribunal de Penal de Rabat, sección de Sale, reanudó el juicio el 26 de diciembre de 2016 y hasta la fecha se han celebrado audiencias a las que han asistido observadores internacionales. Por la parte española, la Fundación Abogacía ha extendido acreditaciones a los abogados y abogadas que han expresado su deseo de asistir a las audiencias en calidad de observadores judiciales y a través de su testimonio se ha podido realizar un seguimiento del proceso.
Las penas impuestas son muy similares a las impuestas en su día por el Tribunal Militar de Rabat y las denuncias por la falta de debida diligencia se han repetido ante el que es considerado un juicio sin garantías procesales para los acusados.
CONDENA AL PUEBLO SAHARAUI
La Asociación Profesional de Abogados saharauis en España (APRASE), algunos de cuyos miembros han asistido al juicio contra los activistas saharauis en calidad de observadores internacionales acreditados por la Abogacía Española, han hecho pública una nota en la que critican duramente estas condenas. APRASE considera que van contra todo el pueblo saharaui con el objetivo de silenciar sus protestas.
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