El Partido Popular de Madrid y sus socios son los verdaderos responsables de la denuncia europea por contaminación
Ecologistas en Acción se muestra estupefacta por las declaraciones del alcalde y la vicealcaldesa de Madrid de que ellos no son responsables de la denuncia de la Comisión ante el Tribunal de Justicia Europeo. Nada más lejos de la realidad: un repaso a los hechos muestra cómo tanto desde los sucesivos gobiernos del PP, como desde la oposición, han negado siempre que tuviéramos un grave problema de contaminación del aire, y han tratado de boicotear medidas de otros grupos para mejorar la situación, como el Plan A o Madrid Central.
El Gobierno municipal y sus máximos responsables políticos están argumentando que «la decisión del colegio de Comisarios Europeos de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los reiterados incumplimientos en materia de calidad del aire no es una consecuencia de las políticas llevadas a cabo por este equipo de Gobierno, que apenas lleva mes y medio al frente de la Administración«. Un repaso a la historia de la contaminación por dióxido de nitrógeno en la capital muestra una situación muy diferente.
La conocida como primera directiva hija (Directiva 1999/30/CE), que se traspuso a la legislación española con el RD 1073/2002, fijaba ya los niveles de dióxido de nitrógeno que se tenían que cumplir el 1 de enero de 2010, fecha en la que serían de obligado cumplimiento. Para ello daba un amplio margen de tolerancia de diez años para adoptar medidas que permitieran cumplir ese objetivo. Pasó una década y llegamos a 2010 sin acciones eficaces y superando los niveles máximos permitidos. Conviene recordar que Álvarez del Manzano era alcalde desde 1991, fue sustituido por Ruiz-Gallardón en 2003 y este por Ana Botella en 2011, hasta que el PP perdió la alcaldía en 2015 en beneficio de Manuela Carmena.
Los gobiernos del PP siempre se esforzaron en minimizar y banalizar el tremendo problema de salud pública que supone la mala calidad del aire (la contaminación por dióxido de nitrógeno, generado sobre todo por el tráfico, mata en España a 8.900 personas cada año, según la OMS). La hemeroteca está plagada de declaraciones en este sentido, como las de Ana Botella afirmando que «el paro asfixia más que la contaminación».
Ya con los límites legales por dióxido de nitrógeno vigentes y rebasándolos sistemáticamente, la alcaldesa Botella centró sus esfuerzos no en reducir la contaminación a niveles tolerables, sino a conseguir una prórroga de cinco años para evitar el cumplimiento de la norma.
El Gobierno de Botella presentó un plan a Bruselas, pero esa petición de prórroga hasta 2015 no fue admitida por la Comisión porque, según argumentaron, resultaba «necesario incluir medidas de reducción de la contaminación más estrictas». A pesar de ese revés, el documento se convirtió, sin cambiarle ni una coma, en el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015. El final de este episodio es imaginable: tal y como había vaticinado la Comisión, el plan fue incapaz de reducir la contaminación para ajustarse a la ley.
Cuando en 2015 llegó al poder municipal la nueva corporación de Ahora Madrid hubo un cambio radical de discurso: se admitió sin tapujos un serio problema de calidad del aire, se endurecieron y aplicaron protocolos de actuación en situaciones de alta contaminación y se empezaron a redactar una estrategia, el Plan A, de la cual Madrid Central es una de sus treinta medidas. Fue en esta legislatura cuando la Comunidad de Madrid y el grupo municipal del PP intentaron bloquear tanto el protocolo como el propio Plan A y la Ordenanza de Movilidad Sostenible que lo sustentaba, mediante todo tipo de recursos legales e incluso acciones de una gran deslealtad institucional, como los boicoteos al refuerzo del transporte público que se ejerció ante todas las medidas que trataba de aplicar el Ayuntamiento.
Lo más paradójico, y lo que más ha enervado a Bruselas, es que estas actuaciones partidistas se hacían en contra del acuerdo al que habían llegado con el Gobierno de Rajoy para frenar el procedimiento de infracción contra España. Es sabido que en enero de 2018 la principal baza que aportó el Gobierno de España para conseguir esta paralización fueron los planes de actuación de Madrid (el Plan A) y Barcelona.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el intento, frenado por los tribunales, de dejar sin efecto Madrid Central mediante la suspensión del sistema de multas. Después de una actuación tan desleal contra el plan que había permitido la prórroga por el mismo partido que la solicitó, una actuación así no podía quedar sin un reproche claro por parte de la Comisión Europea.
En definitiva, para Ecologistas en Acción los mismos políticos que ahora tratan de eximirse de responsabilidad ante esta denuncia europea son claramente los mismos que han pecado de inacción ante la contaminación o, peor aún, de boicotear los únicos intentos serios para solucionar este grave problema de salud pública.
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