CGT del País Valenciano y Murcia denuncia “la falta de voluntad” para solucionar la lentitud de la justicia

La  Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia se muestra “muy preocupada” por la situación en la que se encuentra la justicia y las consecuencias que tiene para la clase trabajadora. Desde CGT PVyM denuncian que debido a “la falta de voluntad” no se ha puesto solución a la lentitud con la que se desarrollan los procesos judiciales, que si bien antes del estado de alarma la celebración de juicios de ámbito laboral podían demorarse alrededor de un año, ahora están viendo como los pleitos que debían haber tenido lugar durante esos días han sido aplazados un año más, con lo que esto supone para las trabajadoras y trabajadores que están pendientes de la resolución judicial para solventar “la situación desagradable que les está tocando vivir”.

El Consejo General del Poder Judicial anunció durante el estado de alarma que se iban a tomar una serie de medidas extraordinarias para tratar de solventar los problemas y retardos habituales en el sistema judicial y no aumentarlos con los surgidos por la paralización del sistema a causa de la COVID-19, como la declaración del mes de Agosto como mes hábil judicialmente, la celebración de juicios vespertinos o incluso los sábados por la mañana. La organización anarcosindicalista denuncia que estas medidas anunciadas no están llevándose a cabo y además se ha reducido el número de juicios que se celebran a diario “con la excusa de las medidas higiénicas”. CGT afirma que “no se ha hecho nada desde el estado” y que ni tan siquiera se aprovechó el teletrabajo para “agilizar y adelantar los trámites de los procesos”.

La Confederación General del Trabajo no cree que estos retrasos sean debidos a una carencia de medios, aunque afirma que si así fuera “se pueden habilitar las salas contiguas para celebrar allí los juicios, existe una bolsa de personal disponible para trabajar y los medios materiales no son tan difíciles de conseguir”. CGT califica la respuesta judicial dada a la situación provocada por el coronavirus como “nefasta” e incide en que “a quien más perjudica es a trabajadoras y trabajadores” porque les deja en “total indefensión” ante las empresas que no tienen “ninguna prisa” en que se resuelvan estos procesos.