Las agresiones al personal penitenciario alcanzan máximos históricos

La Administración Penitenciaria carece de medidas preventivas para afrontar la violencia en el trabajo. La única actuación que ha adoptado en los últimos veinte años de incremento de agresiones es la articulación de un protocolo de actuación cuando la agresión ya ha ocurrido. Este protocolo no es preventivo, no protege al personal y recorta los derechos de la Ley de Prevención al personal de prisiones. 

CCOO fue el único sindicato estatal de la mesa de negociación que lo rechazó, no firmándolo por los motivos mencionados. 

Según las últimas estadísticas oficiales correspondientes al año 2022, las agresiones físicas por cada mil presos han aumentado un 19,02 % con respecto a 2021, y si se consideran por cada mil empleados públicos lo han hecho en un 10,39 %. Si se incluyeran las agresiones verbales el aumento sería aún mayor.

Las agresiones se han convertido en un riesgo estructural y endémico de la actividad laboral en prisiones, esta violencia laboral ha aumentado por cada mil presos en un 113,94 % desde 2010. 

El servicio de prevención mira hacia otro lado con las agresiones que se repiten permanentemente año tras año, sin que se haya estudiado las razones que las originan, las medidas para evitarlas y, obviamente, sin ninguna propuesta para evitarlas.

CCOO sabe que las agresiones se pueden evitar o reducir mediante medidas de prevención de riesgos laborales de las que el personal penitenciario está privado.

La indefensión del personal frente a las agresiones es total, no solamente en lo preventivo, sino también en lo regimental. En su afán de maquillar los datos, Instituciones Penitenciarias relativiza e infravalora su número y gravedad, transmitiendo una imagen externa totalmente edulcorada para justificar una gestión que supone un maltrato a la salud del personal de prisiones.

CCOO ha propuesto medidas para el abordaje de las agresiones que garantice la integridad y el derecho a la salud de todo el personal de prisiones, basadas en la prevención, la protección y el apoyo a las víctimas de la violencia en el trabajo:

• Aplicación íntegra de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales al personal penitenciario.
• Evaluar las causas de los riesgos.
• Aplicación de medidas preventivas que se anticipen al riesgo.Modificación de las medidas que no solucionen el riesgo.
• Protección del derecho a la salud de la población penal, especialmente en materia de salud mental.
• Adecuación de la clasificación regimental a la realidad penitenciaria.
• Equipos de protección individuales adecuados a los riesgos afrontados.
• Apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de las agresiones.