Alianza Verde pide explicaciones en el Congreso sobre la presencia generalizada de pesticidas prohibidos en Doñana y las Tablas de Daimiel
Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, ha llevado al Congreso, a través de una batería de preguntas registradas junto a Podemos, los datos revelados por un informe del CSIC, que detectó la presencia generalizada de pesticidas, algunos prohibidos desde el 2009 en ambos espacios protegidos.
25 de julio de 2024.- En los últimos años, y según los datos del estudio, se han encontrado problemas relacionados con la agricultura intensiva en áreas protegidas por su daño potencial a la fauna silvestre. Los resultados revelan la presencia generalizada de fitosanitarios en Doñana y en Tablas de Daimiel, aunque en el primer caso los niveles son superiores. Tanto en las muestras de agua como en las de sedimento, se han encontrado varios pesticidas prohibidos por la Unión Europea desde 2009 para uso agrícola.
España lidera el uso de pesticidas en la Unión Europea desde hace años, y es uno de los que más autorizaciones concede para usar productos ya prohibidos por las normativas comunitarias.
Por eso, desde Alianza Verde han pedido explicaciones al Ministerio de Transición Ecológica y al de Agricultura, sobre los riesgos de estos usos, en concreto, el impacto ambiental de las actividades agrícolas en el entorno de estas áreas protegidas.
Tanto Doñana como las Tablas de Daimiel padecen una grave situación de sequía desde hace mucho tiempo. El estudio expone que, además, el agua disponible es de mala calidad debido a la presencia generalizada de fitosanitarios. En este sentido, desde Alianza Verde han pedido medidas para evitar el uso productos fitosanitarios en los cultivos circundantes a los Parques Nacionales.
Y, además quieren saber cómo explican desde el Gobierno, en concreto desde los departamentos de Transición Ecológica y de Agricultura, la presencia de pesticidas prohibidos y qué tipo de controles se realizan para evitar su uso en las zonas protegidas.
Para López de Uralde, “Estamos hablando de dos espacios naturales que están en situación de emergencia desde hace mucho tiempo, y no parece que se tome en serio. Son muchas las agresiones que podrían evitarse, y en este caso depende del Gobierno no sólo reducir su uso, sino elevar los controles para evitar que no se sigan usando los no autorizados. Y, por supuesto, no conceder excepciones”.
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