Homologación Justa Ya convoca manifestación en el Congreso del Partido Socialista en Sevilla, el 30 de noviembre 

l colectivo ciudadano y movimiento Homologación Justa Ya (HJY) se manifestará el próximo sábado 30 de noviembre frente al Auditorio FIBES en Sevilla, en donde tendrá lugar el 41 Congreso Federal del Partido Socialista, al que asistirá todo el Ejecutivo socialista, incluyendo al Presidente del Gobierno y la titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Frente a la falta de gestión por parte de la ministra Morant a cargo del ministerio de Universidades, se ha visto un aumento exponencial de los expedientes en retraso con una tasa de crecimiento de más del 300% desde que inició su mandato, por lo que este colectivo pide su dimisión o su cese.

Diana Morant es hoy, la mayor muestra de racismo institucional de toda Europa. No le importa el sufrimiento y padecimiento diario al que tiene sometidas a más de 100.000 familias que han de subsistir en empleos precarios y que están hartas de promesas incumplidas. Mientras ella se dedica a hacer campaña política en la Comunidad Valenciana para las elecciones autonómicas de 2026, hay miles de profesionales sanitarios que subsisten ejerciendo de empleados domésticos, camareros o temporeros mientras en este país faltan médicos, enfermeros y otros profesionales. Este colectivo agrupa a todas las profesiones. En el caso de profesiones como psicología, el tiempo de espera medio hasta la resolución de un expediente, sobrepasa los 5 años, mientras que el Real Decreto emitido por este Ministerio cifra el máximo tiempo de espera en 6 meses.

Hartos de oscurantismo, de promesas vacías y planes de choque fallidos, el colectivo lanzó una denuncia pública a Diana Morant la semana pasada tras la resolución de homologaciones y equivalencias aleatorias, sin considerar el orden de presentación: “Es inaceptable que en el proceso de resolución de expedientes de homologación y equivalencia se esté priorizando la tramitación de solicitudes de menos de seis meses o un año de antigüedad, mientras otros solicitantes llevan entre dos y siete años a la espera de una respuesta. Esta práctica, lejos de ser justa o profesional, representa una burla y una falta de respeto para los miles de profesionales que buscan aportar sus conocimientos y experiencia a la sociedad española. Reclamamos que se nos aclare públicamente cómo se determina la prioridad de estos casos y qué rigor se emplea en un proceso que parece carecer de transparencia y respeto hacia los solicitantes.”

A pesar del maltrato institucional recurrente, el colectivo no cesará hasta que no se implemente una solución urgente a un problema que cuesta al Estado español un total de 17.000 millones y un 1,3% del PIB según el informe, “Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España,” elaborado por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. En este momento, vista la actitud de Diana Morant, parece que sólo pasa por su cese.