Ecologista presenta alegaciones al nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir para evitar «el colapso hídrico en la demarcación»

Ecologistas en Acción ha presentado, en tiempo y forma, las sugerencias y propuestas al borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir para el tercer ciclo de planificación, con el objeto de conseguir -de una vez por todas- el buen estado ecológico de las masas de agua, resolver los conflictos como la sobreexplotación en el Espacio Natural de Doñana o evitar que se siga sobreexplotando los recursos de la cuenca mediante la incentivación a cultivos leñosos superintensivos. Todo dentro de un mensaje de la propia Confederación de no creación de más hectáreas en regadío, salvo una serie de excepciones como destinar el 45% de ahorro por modernización de concesiones ya existentes. Este modelo productivo se ver reforzado con medidas como el incremento al alza de las dotaciones para este tipo de cultivos.

En la práctica, este incentivo, junto con la reserva de 20 hm3 de aguas regeneradas, ha supuesto el incremento de más de 40.000 hectáreas desde el anterior Plan. El crecimiento exponencial se ha dado principalmente en el olivar, reforzando la apuesta de la CHG por este modelo, tal y como reconoce en la propia documentación. El Organismo de cuenca asume el daño que ha supuesto la expansión de este modelo agrícola y hace suyos el mantra de los colectivos que reúnen a los grandes regantes en el Guadalquivir, secundados por fondos de inversión y aguatenientes que están viendo un negocio rentable a medio plazo. Se trata de aquellos que hace poco manifestaban su resistencia al cumplimiento de los caudales ecológicos (obligatorios establecerlos por sentencias judiciales) y nos llaman en todos los foros y talleres celebrados “ecologistas radicales”.

Afortunadamente, en Andalucía hay al menos dos colectivos agrarios (COAG y UPA) que comparten esta inquietud, lo que supone un paso muy importante para consolidar un mensaje contundente ante la CHG. Este tipo de agricultura social es la que de verdad crea empleo y fija la población rural. Las propuestas de la Confederación provocan un desigual reparto del agua, agravada por las predicciones del cambio climático, que amenazan con agravar el conflicto social por el recurso.

Se echa en falta una profunda reflexión sobre los factores o fuerzas motrices, así como los contextos y modelos de gobernanza, que han conducido a la situación actual de deterioro y sobreexplotación de la cuenca. Por el contrario, la CHG no muestra ambición para lograr los objetivos medioambientales establecidos por la DMA, ni siquiera para el año 2027 ni para ningún otro horizonte.

Tampoco el borrador del Plan da respuesta a los problemas generales cada vez más importantes en la cuenca como son la sobreexplotación de los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad, el deterioro del Espacio Natural de Doñana, la incertidumbre ante el cambio climático y la contaminación de las fuentes de agua, quedando patente que para la CHG, la opción más cómoda es seguir como hasta ahora en lo que se refiere a los grandes problemas, salvo algunas pequeñas mejoras, desviando la atención hacia cuestiones menos relevantes.

La CHG se empecina en que la resolución de determinados conflictos en la cuenca pasa por mejorar su propuesta inicial, nunca por optar por otras opciones. Es el caso de la sobreexplotación del Espacio Natural de Doñana, donde cualquier opción para la Confederación debe partir del recrecimiento del embalse del Agrio y el trasvase desde la cuenca del Tinto. De llevarse a cabo las medidas propuestas, éstas supondrán la amputación de los cauces que aportan agua a la Marisma, la consolidación de los regadíos intensivos ilegales y la puntilla definitiva a la ya crítica situación del Espacio Natural más importante del Sur de Europa.

Lo que proponemos es que, de forma obligatoria, se cumplan las recomendaciones de la UNESCO-RAMSAR-UICN y se complete el Proyecto Doñana 2005 con aportes de la Comisión Científica, ya que las alternativas elegidas supondrán continuar con la explotación del agua.

Señalamos también que entre las medidas propuestas para el ciclo 2022-2027 se encuentran aquellas destinadas a incrementar los recursos disponibles como el estudio de una nueva presa (5 millones euros) en una zona subdesértica rodeada de embalses que no han llegado históricamente al 60% de capacidad; la construcción de una presa en el río Genil para laminar avenidas; la ejecución de infraestructura en alta para el abastecimiento desde el embalse del Portillo, el recrecimiento del Agrio o el incremento de la regulación en la Vega de Granada.

Hemos pedido la eliminación de todas ellas y que la inversión prevista se destine entre otras cosas a la construcción de depuradoras declaradas de interés, acometer el saneamiento en pequeñas poblaciones y adecuar y ampliar las existentes incorporando los principios de economía circular; completar el inventario de presiones hidromorfológicas; restauraciones hidrológico forestales; renaturalización de cauces en los tramos urbanos como el Genil en Granada y el Tamarguillo en Sevilla; demolición de las obras cuando se extingan las concesiones de las centrales hidroeléctricas; implementar medidas basadas en la naturaleza para retener nutrientes y evitar la contaminación difusa; determinar todos los componentes del régimen de caudales; incrementar las Reservas Naturales Fluviales en casi 200 Km.; evaluación externa de todos y cada uno de los planes de modernización ejecutados; recuperar el caño del Guadiamar y la funcionalidad del Brazo de la Torre; o desarrollar un Plan Integral y Estratégico para el Estuario del Guadalquivir.

Por último, mencionamos que se han presentado alegaciones específicas a los cuatro proyectos que el Plan estima que se acogen a la excepción de no cumplimiento de los objetivos ambientales por nuevas modificaciones físicas de las masas de agua afectadas. Se trata de los proyectos mineros de Cobre Las Cruces, Minera Los Frailes y Minas del Marquesado (Alquife). Ecologistas en Acción rechaza de plano la justificación del interés público superior de cada una de ellas, ya que no se ajusta a lo estipulado en el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua ni al artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Además, la actividad minera debería supeditarse siempre a la protección del medio ambiente y de las poblaciones afectadas (el verdadero interés superior), y no, como hasta ahora que están hechas para favorecer a las empresas mineras.

Para Ecologistas en Acción, la revisión de la planificación debe constituir una oportunidad para iniciar las primeras medidas para la necesaria transición hídrica justa que se adapte a la menor disponibilidad de agua y mayores exigencias de conservación de los ecosistemas sometidos a un estrés que irá a más en los próximos años. Si no queremos llegar al colapso hídrico, será obligatorio reorientar la política del agua en la Demarcación hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del recurso, sostenible en términos ambientales y sociales.

Consideramos que el futuro PH del Guadalquivir debería situar como eje principal de su gestión la prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios y las aguas costeras, así como la consecución del buen estado de las aguas subterráneas y la necesaria reducción de la superficie actual dedicada al regadío.