Campaña de financiación colectiva: Protección vs especulación en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es un reglamento que deben tener todos los parques nacionales y que regula las actividades y usos, para que sean compatibles con su conservación. Sin embargo, el documento aprobado por la Comunidad de Madrid para el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, supone un retroceso en los niveles de protección de este espacio con respecto a los preexistentes como, el Parque Natural de la Cumbre, el Circo y las Lagunas de Peñalara y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Así, el PRUG permite actividades incompatibles en los parques nacionales y que no estaban autorizadas anteriormente, como son los usos hosteleros, nuevas edificaciones con usos ajenos a la conservación, competiciones deportivas, maniobras militares, etc.

Con esta nueva regulación se está favoreciendo la masificación de los enclaves más sensibles de la Sierra de Guadarrama, provocando procesos de degradación (erosión, apertura de caminos, ruidos, acumulación de basura). Ante la avalancha de vehículos y visitantes, la capacidad de gestión de muchos ayuntamientos se está viendo desbordada repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los habitantes de los municipios del Parque Nacional y su entorno.

Por ello, Ecologistas en Acción, en colaboración con ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” y GRAMA, interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pidiendo la nulidad del PRUG. El procedimiento se ha retrasado como consecuencia de la paralización de los tribunales tras la declaración del estado de alarma sanitaria en marzo de 2020.

Una vez normalizada la situación y para hacer frente a los costes del proceso legal, ponen en marcha, hasta marzo de 2022, la campaña de financiación colectiva Protección vs especulación en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El objetivo es recaudar un mínimo de 5.445 euros pero también sensibilizar a la población sobre los graves problemas de gestión de este espacio protegido. El dinero recaudado se destinará al pago del equipo jurídico que se encarga del procedimiento legal y de los informes que fueran necesarios elaborar.

Las organizaciones ecologistas creen que con la campaña participación ciudadana conseguirán el dinero suficiente para anular el PRUG y poner freno a la deriva especulativa en la que ha entrado la gestión del Parque Nacional.