En respuesta a la carta del presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear
Fernando Martí ha enviado una carta a la presidenta del Congreso con el objetivo de bloquear la incorporación de uno de los posibles nuevos miembros del CSN, Francisco Castejón. Ante esta peculiar misiva, Ecologistas en Acción se pregunta: ¿ser abiertamente pronuclear, como muchos de los miembros del CSN durante toda su historia, no supone ningún problema, pero ser ecologista sí es un estigma que te inhabilita para un cargo así?
Como ha trascendido, ayer 25 de febrero el presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, mandó una carta de tres páginas a la presidenta del Consejo de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pedía una reunión para tratar de bloquear que un ecologista, Francisco Castejón Magaña, pudiera ser nombrado como consejero de esta entidad. Francisco Castejón, es sabido, está asociado a Ecologistas en Acción desde su fundación.
Leer la carta causa estupor. ¿Ser crítico con las nucleares te inhabilita para garantizar su seguridad? Para Ecologistas en Acción la pregunta es otra: ¿podemos estar más tranquilos de nuestra seguridad en materia nuclear cuando la mayor parte de los consejeros han sido abiertamente pronucleares y especialmente tolerantes y poco críticos con situaciones que aparentemente ponían por delante los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema?
Para Ecologistas en Acción resulta inédito que el presidente del regulador nuclear –quien por cierto no compareció en el Congreso de los Diputados a pesar de que se le requirió para dar explicaciones en el debate sobre el dictamen sobre la central de Garoña, además de ser reprobado en el Congreso por unanimidad de todos los grupos políticos– envíe una carta con este contenido. ¿En virtud de qué competencia se envía el escrito?
La insinuación de que Francisco Castejón está en litigio contra el CSN no se sostiene. Ecologistas en Acción es una organización que representa a la sociedad civil, donde cientos de grupos locales actúan en la protección del medio ambiente. Son estas asociaciones territoriales las únicas responsables de los litigios ante proyectos con un enorme impacto social y de salud ambiental –como la mina de uranio planeada en Salamanca o los problemas radiológicos derivados de la inacción tras el accidente con la bomba nuclear en Palomares– y no una persona concreta.
La cualificación y solvencia técnica de Francisco Castejón para este cargo no se puede poner en cuestión. Es físico nuclear, director de la Unidad de Teoría de Fusión del Ciemat, ha sido durante años miembro del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, que asesora al propio CSN, etc. Lo que se está cuestionando es su posición pública crítica sobre la energía nuclear, algo muy llamativo cuando la historia del CSN tiene numerosos ejemplos de consejeros pronucleares y cercanos a grandes empresas energéticas. Y más aún si consideramos que en el Estado español la población es mayoritariamente antinuclear [1]. Por otro lado, establecer esta exclusión de carácter ideológico podría suponer una violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [2]. Al contrario de lo que afirma el presidente saliente del CSN, la incorporación de una visión como la que aporta Francisco Castejón debería ser casi obligada en un órgano asesor que debe buscar equilibrios y proteger adecuadamente la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear.
La organización ecologista agradece a Francisco Castejón todos los años de trabajo altruista en la asesoría técnica a la ciudadanía en materia de seguridad nuclear. Ecologistas en Acción nunca ha mantenido una relación remunerada, laboral o profesional con él, todo lo contrario: su participación en la organización siempre ha sido un ejercicio activo de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación. Una participación que, gracias a su esfuerzo constante, sin duda ha conseguido incrementar la protección radiológica a la población.
Para Ecologistas en Acción esta carta es una prueba más de la urgencia de la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear. Esta organización considera de suma gravedad las acusaciones vertidas por un representante público hacia las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que participan en ella. Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida.
[1] Según el último barómetro del CIS que recoge la cuestión nuclear en 2011, el 51,9 % de los encuestados creían que los riesgos de la energía nuclear, como fuente de energía, superan los beneficios frente al 31,9 % que consideraba lo contrario.
[2] El artículo 25 establece que: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
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